MESA A UN PASO DE SER ENJUICIADO EN EL LEGISLATIVO TRAS RESOLUCIÓN DEL TSJ

Magistrados aprobaron la proposición acusatoria y dejan en manos de los dos tercios del MAS la apertura del juicio por el caso Quiborax

Mesa deberá enfrentar la arremetida de los dos tercios oficialistas / ARCHIVO APG

POLÍTICA | 25 Jul 2018

VISOR BOLIVIA / Redacción Central.- En menos de 24 horas, el pliego acusatorio aprobado por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia fue aprobado por la Sala Plena y por unanimidad de los magistrados votantes. Con ello, se agiliza el inicio de juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa en contra del expresidente de la República, Carlos Mesa, por el caso Quiborax.

El presidente del TSJ, José Antonio Revilla, explicó en Sucre, que el caso fue analizado y con aprobación de siete de los nueve magistrados, se remitió la proposición acusatoria a la Asamblea Legislativa para que determine el proceso, en el ámbito de sus competencias. Esa etapa de antejuicio se aprobó en Sala Penal, ayer, por los otros dos magistrados.

Los nueve magistrados del TSJ fueron designados por las elecciones judiciales de diciembre de 2017, cuando el voto nulo volvió a superar el 60 por ciento del escrutinio general, tal como sucedió en 2011. Desde ámbitos políticos se calificó a los nuevos administradores de justicia como “masistrados”.

En esa línea y tras conocer la resolución del Tribunal Supremo de Justicia, Mesa Gisbert calificó a los magistrados como otro brazo operativo del Ejecutivo, en especial del ministro de Justicia, Héctor Arce, a quien el historiador y periodista responsabilizó por la “pésima defensa legal del Estado” que derivó en la pérdida del caso Quiborax.

“No soy optimista en lo que vayan a decidir, por lo que se adelantó ayer en el Senado”, declaró el expresidente, refiriéndose al titular de la Cámara Alta, José Gonzáles, quien ya hablo de “encarcelar” a Mesa, aunque para ello “los tiempos y plazos son insuficientes”.

Mesa dijo que enfrentará este “vergonzoso proceso” con toda su “fuerza, voluntad y entereza”, para demostrar que los verdaderos responsables de la pérdida de los $us 42,6 millones son funcionarios en actual función de gobierno.

A principios de junio se conocía el fallo del laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones – CIADI, sobre la demanda que interpuso la empresa chilena Quiborax Non Metallic Minerals S.A. contra el Estado Plurinacional de Bolivia, definiendo una indemnización al consorcio por 42,6 millones de dólares, al haber encontrada injustificada y discriminatoria su expulsión del país en 2004.

El fallo del CIADI se basa en el Decreto Supremo 27589 firmado por el entonces presidente de la República, en el que se encuentra como irregularidades que el término “revocar” la concesión sobre un yacimiento mineral en el salar de Uyuni, licitado desde 1997, no era parte del ordenamiento jurídico interno del país. También se advirtió el incumplimiento de las auditorías requeridas y el plazo estipulado para tal efecto, a fin de que Bolivia pudiera comprobar las faltas de Quiborax para expulsarla del país.

En base a ambos argumentos, explicados este miércoles por el subprocurador, Javier Moncada, es que el régimen del Movimiento Al Socialismo – MAS basa su acusación contra Mesa.

Presidente del TSJ Antonio Revilla, uno de los magistrados electos con votos mínimos en 2017 / TSJ

El DS 27589 es para los gobernantes de turno, el “hecho generador” del caso y la posterior derrota durante el arbitraje internacional, en un escenario que el mandatario Evo Morales ya denunció como Estado.

Durante el arbitraje fungieron como representantes del Estado Plurinacional, el entonces procurador y actual ministro Héctor Arce, el ministro de Minería, César Navarro, los subprocuradores Carmiña Llorenti y Pablo Menacho, la primera destituida por haber filtrado información a los abogados de la empresa chilena y el segundo hoy como titular de esa cartera descentralizada.

La Procuraduría, apenas conocido el fallo y tras pagar los $us 42,6 millones al delegado chileno Andrés Jana, activó el caso contra Mesa pasando el expediente a la Fiscalía General. El fiscal Ramiro Guerrero apuró los procesos y en tiempo récord analizó todo el expediente para elaborar la proposición acusatoria por las figuras de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la CPE, entre otros.

La Fiscalía General asegura que Mesa se negó a responder sobre el caso, pese a seis memoriales que el expresidente presentó por intermedio de su abogado, el constitucionalista Carlos Alarcón. En menos de dos semanas el caso fue admitido por el TSJ para después pasar a Sala Penal y Sala Plena entre este martes y miércoles.

Ningún recurso de la defensa de Mesa fue admitido, tampoco se convocó a declarar a los funcionarios del Estado que fueron parte del arbitraje.

Según la Ley de Juicio de Responsabilidades a altas autoridades de Estado, será la Cámara de Diputados la que actúe como fiscalía y el Senado como tribunal de sentencia. En ambos casos, el oficialismo tiene dos tercios y varios de sus legisladores ya anticiparon criterio en sentido de declarar culpable a Carlos Mesa Gisbert.

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