POLÍTICA | 4 Jul 2017
VISOR BOLIVIA / Redacción Central.- El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, negó que exista cualquier irregularidad en la contratación de su jefa de gabinete y amenazó con procesos penales a servidores públicos que pudieron pasar documentación a la oposición para hacer la acusación de presunto tráfico de influencias en esa cartera de Estado.
El diputado de Unidad Demócrata, Luis Felipe Dorado, denunció que la jefa de gabinete del Ministerio de Defensa, Patricia Urquizu, antes de ser funcionaria pública fue asesora y representante legal de empresa que se hicieron con contratos estatales.
El legislador cruceño, además, sindicó a la funcionaria de tener una relación mucho mayor a la amistad con Ferreira, incluyendo una pregunta personal en una Petición de Informe Escrito que se remitió a conocimiento de la Cámara de Diputados.
Este martes, el ministro no solo negó las acusaciones, sino que explicó la situación contractual de las empresas citadas por UD y la relación de estas con su asesora, resaltando que ninguna logró las adjudicaciones por la provisión de servicios.
En 2016, antes de ser funcionaria del Ministerio, la asesora sí fue parte de Multiconceptos en calidad de representante legal para la provisión de alimentos, pero la ganadora de la adjudicación fue la empresa Cercado. Las otras dos empresas, según el ministro, no tuvieron el asesoramiento de Urquizu ni tampoco ganaron los procesos de adjudicación.
Para el ministro Ferreira, su jefa de gabinete tiene amplia experiencia asesorando en varias empresas en el ámbito de las contrataciones y considera que la oposición solo subestima la capacidad de la funcionaria “por ser mujer”.
En ese marco, reveló que la jefa de gabinete identificó un certificado de Senasag sobre producción de arroz que era falso, en una empresa que ya había logrado otras dos adjudicaciones por casi Bs 2 millones. El nombre de esa empresa y sus responsables están en reserva mientras dure la investigación para pasar el caso a conocimiento del Ministerio Público.
Ferreira, finalmente, amenazó a la gente del propio Ministerio que pudo distribuir cierta documentación al legislador opositor para realizar estas acusaciones. También gente expulsada del despacho por instrucción de la jefa de gabinete estaría vinculada a la denuncia.
“Voy a ir hasta el final de quienes han pasado esta documentación desde adentro, porque esos además de ser corruptos han violentado la confidencialidad que debe tener un funcionario público”, descargó la autoridad.
Urquizu reportó en su declaración jurada de bienes ante la Contraloría un patrimonio superior a Bs 1 millón. Ferreira dijo que aquello deberá ser contestado por la propia aludida.
//@VisorBolivia//
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