Escribe: Carlos Cardozo Lozada

“La hoja milenaria”

OPINIÓN | 27 Jun 2018

Bolivia a partir del año 2008 ha tenido que sortear grandes desafíos desde la salida de la DEA (Drug Enforcement Administration) en lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico, el país sustituyó el apoyo norteamericano por la cooperación europea y en menor medida la de países vecinos como Brasil.

Lamentablemente muy poco o nada se ha podido avanzar en cuanto al problema del narcotráfico en nuestro país, parte de las políticas de Estado asumidas por el primer mandatario no hacen más que generar condiciones para que Bolivia se convierta en un paraíso de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas.

El problema radica en que las estrategias asumidas por Estado boliviano carecen de un argumento técnico objetivo, es decir, un estudio sobre el verdadero consumo y producción de la hoja de coca. Nuevamente, los criterios vertidos en el escenario político se vienen abajo al momento de justificar su accionar, esto se puede evidenciar a través del incremento de la producción de coca de las 12.000 hectáreas que estipulaba la Ley 1008 a las 22.000 hectáreas reconocidas en la nueva Ley General de la Hoja de Coca promulgada en marzo de 2017.

En ese entendido el ministro Romero, sostuvo en reiteradas ocasiones que la política de lucha contra el narcotráfico está consiguiendo resultados importantes en materia de incautaciones, una verdad a medias, porque existe un incremento notable en cuanto a la oferta de hoja de coca que no se puede explicar comparativamente con la demanda.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en ingles) en su informe de monitoreo de 2016 se tenía una superficie de 22.200 hectáreas destinadas al cultivo de coca con una producción aproximada de 32.500 toneladas para el año 2015 (con un rendimiento aproximado de 1,51 toneladas por hectárea). Ahora bien, la demanda de hoja de coca para consumo tradicional según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se encuentra alrededor de 11,25% de la población nacional es decir 1.125.483 habitantes del total de 10 millones y fracción.

Adicionalmente el estudio de INE afirma que el consumo per cápita asciende a 4,5 Kg anuales. Si calculamos las toneladas demandadas por esa 11,25% se tiene una demanda anual de 5.064,67 toneladas por defecto cualquiera se cuestionaría ¿cuál es la razón para producir 28.185,33 toneladas adicionales? ¿Existe una razón válida para ampliar la superficie de producción cuando bien conocemos que solo son necesarias 3.351,06 hectáreas para cubrir la demanda interna?

Todas las respuestas apuntan al narcotráfico.

Si bien Romero en parte tiene razón cuando manifiesta que los operativos de las Policía Boliviana están teniendo grandes logros en materia de incautaciones, la verdad es que la premisa anterior no hace más que reflejar que la producción excedentaria de hoja de coca (es decir sobreproducción por encima de la demanda efectiva) está siendo dirigida a mercados ilegales dedicados a operaciones ilícitas. Basta con ver la evolución de los datos históricos de incautación de la Policía Boliviana cuando en el periodo 2005-2015 las incautaciones de Cocaína Base se incrementaron de 10.152 toneladas a 12.672,21 toneladas, el clorhidrato de cocaína pasó de 1.309 toneladas a 8.601,10 toneladas y la marihuana se incrementó de 34.557toneladas a 83.563,49 toneladas. Un ritmo de crecimiento impresionante del orden de 124.824,79%, 657.074,33% y 241.813,49%, respectivamente.

Estamos hablando más que un incremento de la efectividad de la Policía Boliviana, de un serio problema en la política de Estado en relación al narcotráfico, mientras que las incautaciones se incrementan las detenciones se reducen. Así lo señalan datos oficiales nuevamente provenientes de la Policía Boliviana, esta vez para el periodo 2005-2012, donde las detenciones de personas por producción ilícita de drogas y transporte de insumos químicos se redujeron en un 78,79% y 42,11% respectivamente.

Es decir, se incauta droga, pero no se da con los autores materiales por ende el narcotráfico sigue sus actividades bajo las narices del propio Estado boliviano. Debería llamar a la reflexión que las más altas autoridades de Gobierno tomen a la ligera un problema tan serio como el tráfico de drogas. Estamos hablando de una de las actividades criminales más lucrativas del mundo y Bolivia representa una gran oportunidad para ampliar los tentáculos de las Organizaciones Criminales Internacionales.

Se estima que el costo de producir 1 Kg de cocaína de alta pureza en Bolivia ronda los 2.000 dólares americanos, que posteriormente es adquirido por traficantes colombianos y brasileños a 8.000 dólares americanos para surtir los mercados de Brasil y Argentina, teniendo como “ganancia” un máximo de 5.000 dólares americanos por kilo con un mínimo de riesgo de incautación (Jeremy McDermott, 2014). Considerando los datos del UNODC tenemos que el exceso de coca producida (28.185,33 toneladas) tendría un valor de 56.370.653.000 mil millones de dólares americanos convertida en cocaína. Tanto los narcotraficantes colombianos como brasileños comprarían esa cocaína producida en Bolivia para destinarla a los mercados de Argentina y Brasil por un valor de 225.482.612.000 mil millones de dólares americanos, dejándoles un margen de beneficio de 140.926.632.500 mil millones de dólares americanos. ¿Nada mal, no creen?

En síntesis, el narcotráfico en Bolivia tiene las puertas abiertas de par en par para servirse de la milenaria y ancestral hoja de coca si es que el Estado no reconduce su lucha contra el narcotráfico desde una visión de seguridad nacional y no así desde una óptica netamente político partidaria.

//*CARLOS ARMANDO CARDOZO LOZADA ES ECONOMISTA, MÁSTER EN DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO Y PRESIDENTE DE FUNDACIÓN LOZANÍA//

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