Escribe Angélica Siles Parrado

Decreto de indulto beneficia a asaltantes, incendiarios, bloqueadores y genocidas

Escribe Angélica Siles Parrado

OPINIÓN | 17 Feb 2021

La Constitución Política del Estado establece en el Art.111. ¨Los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria, crímenes de guerra son imprescriptibles”. Ante la denuncia de la OEA sobre el fraude cometido por el cocalero Morales, ratificado por los observadores de la Unión Europea, al verse descubierto huyó del país, dejando a Bolivia con un vacío de poder.

Renunciaron la Presidenta del Senado y el Presidente de Diputados, y ante este hecho, asumió Jeanine Añez por sucesión constitucional. Lamentablemente los masistas, por orden de Morales desde su refugio en Argentina, acataron el bloqueo de caminos para que no ingresen alimentos a las ciudades, no conformes con ello, los violentos masistas quisieron tomar la planta de gas de Senkata, con dinamita derribaron el muro, y ante llamados de la ciudadanía acudió el Ejército, para evitar que media ciudad de El Alto desaparezca con miles de muertos.

Asimismo, estos grupos quemaron 70 buses Puma Katari, incendiaron la casa de Waldo Albarracín y la periodista Casimira Lema, atracaron e incendiaron las unidades de la Policía en los diferentes puntos de la ciudad, haciéndonos vivir momentos de zozobra, en la que los vecinos tuvimos que salir a “hacer guardia en la puerta de las unidades policiales” para evitar más saqueos de armas y destrucción.

El genocidio perpetrado por los militantes masistas al evitar que los tubos de oxígeno lleguen a los hospitales para los enfermos del COVID-19, por cuya falta murieron 40 personas, en Sacaba bloquearon y evitaron que la basura con alto grado de contaminación no permita su descargue, lo que ocasionaba enfermedades que causan muerte, actos encabezados por Juan Carlos Huarachi, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), convertido en vasallo del gobierno del cocalero Morales.

El Artículo 110. I. de la CPE define: “Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas. II. La vulneración de los derechos constitucionales hace responsables a sus autores intelectuales y materiales”. No conformes con los hechos de genocidio, la mayoría del MAS en el Legislativo aprobó el Decreto de Amnistía propuesto por el Ejecutivo, para “perseguidos políticos”, con esta norma se busca exonerar a los autores del fraude electoral y los hechos violentos descritos de 2019, con el absurdo pretexto de descongestionar las prisiones del país por razones humanitarias ante la emergencia sanitaria, con la contradicción de que es para los perseguidos políticos durante el gobierno de Añez, que solo pretende otorgar privilegios y exonerar a estos sectores del oficialismo.

El Ejecutivo hace de juez y parte al impulsar ese decreto de impunidad sin esperar el informe del GIEI de la CIDH. Con este decreto inconstitucional de asambleístas masistas pretenden generar la impunidad de Morales y del MAS. No hay justicia en el país y para completar las aberraciones jurídicas, el Ministro de Justicia propone que las mujeres concilien con sus victimadores. Aprovecharse de su mayoría en el Legislativo, es un precedente nefasto para la democracia y la justicia, lo que se demoró en 14 años, ahora no va demorar ni 6 meses, porque están implementando el mismo libreto del cocalero Morales, vulneración de la Constitución y los Derechos Humanos de la ciudadanía, estamos ingresando a un Estado terrorista y además la impunidad de hechos delictivos.

Al sostener que hubo “golpe de Estado” en los sucesos de 2019, con este Decreto se convierten en parte civil, se está politizando y para coronar todo, el TSE no hizo su trabajo de esclarecer si hubo o no hubo fraude, por ello dicen que hubo “golpe” para que todos queden. Están imponiendo esa narrativa que otorgan impunidad al cocalero Morales por delitos de terrorismo, corrupción, narcotráfico y hasta pedofilia. Finalmente, en su afán de limpiar la imagen de Felipa Huanca, dictan sentencia contra Rafael Quispe por denunciar el millonario desfalco al Estado Boliviano en el Fondioc, el gobierno de “aguantArce”, empieza vulnerando la Constitución y consolidando un estado de impunidad.

//*ANGÉLICA SILES PARRADO ES ABOGADA, EX ASAMBLEÍSTA CONSTITUYENTE DE BOLIVIA//

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