Escribe Angélica Siles Parrado

La Justicia y el TSE cooptada por el MAS no responden al Control Social

Escribe Angélica Siles Parrado

OPINIÓN | 14 Oct 2020

La Constitución Política del Estado manda: Artículo 178. I “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”.

Sin embargo el Vocal Sr Remberto Pomier y la Presidenta Blanca Alarcón, de la Sala Segunda Constitucional de La Paz, no tomó en cuenta la “participación ciudadana” establecida en los Arts. 241 y 242 de la Norma Suprema en la que los “Terceros Interesados”, fueron más de 40 organizaciones de la sociedad Civil, Ex Asambleístas Constituyentes y personas independientes, se adhirieron a la demanda presentada por la Senadora Carmen Eva Gonzales, lamentablemente no permitieron su participación ni virtual, al contrario se parcializó con el señor Wilfredo Chaves, como “tercero Interesado” del Movimiento al Socialismo que le permitieron plantear su alegato.

El Vocal Remberto Pomier, argumento que el Auto Constitucional 0137/2020-CA, de 13 de agosto de 2020, en el que la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud a lo establecido en el Art. 83.1 del Código Procesal Constitucional resolvió: REVOCAR EN PARTE, la Resolución TSE-RSP-JUR 025/2020 de 3 de agosto y en consecuencia RECHAZAR la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta formulada por Wilfredo Franz David Chávez Serrano, Delegado Político del Movimiento al Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) demandando la inconstitucionalidad del art. 135.III de la Ley del Régimen Electoral, porque no existe fundamentación jurídica por parte del abogado Chávez y también expresó que no existe objeto perjudicado, o sea que la demanda que presentó la senadora Carmen Eva representante del soberano y las más de 40 organizaciones de la sociedad civil, no tiene ningún valor, solo los argumentos falaces de Chávez del MAS como “Tercero Interesado”.

Mencionó el Vocal Pomier que NINGUN partido político, que son los interesados y afectados, presentaron demanda contra el Tribunal Supremo Electoral, porque mencionó que los tres partidos en carrera como el MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos, están acusados de cometer el delito electoral establecido en el Art. 136.III del Régimen Electoral, sin embargo siguen compitiendo para la conducción y administración de Bolivia, obviando la Constitución y la Ley. Por tanto, estamos viviendo una dictadura judicial porque se atenta a los derechos fundamentales de la ciudadanía, establecidos en los Arts. 241 y 242 de la Norma Suprema, que permite la Participación y Control Social a los servidores del Estado y solo tienen representación la partidocracia hoy considerados como DINOSAURIOS en la política.

Los servidores de la Sala Segunda Constitucional, decidieron trasladar al Tribunal Constitucional Plurinacional, la “DUDA RAZONABLE” que tiene el señor Salvador Romero, para no cumplir el Art. 136.III de la Ley del Régimen Electoral, que le ordena CANCELAR la Personalidad Jurídica del MAS, y pasar por alto que el TSE. ya sancionó a otro partido que cometió delito electoral el 2015, y ahora que el MAS cometió delito electoral, no le obliga al TSE cumpla con la Ley, por el contrario permiten que siga en competencia y para completar este negro panorama, los otros 7 partidos no cuestionan el delito, siguen con sus campañas en peleas entre ellos, sin enfrentarse al único contrincante que es el MAS.

Exigimos que los servidores del Tribunal Supremo Electoral, respondan con su trabajo, que les paga el soberano, sancionen a los infractores de delitos electorales y trabajen en el marco de la ley y NO sean cómplices, si le “meten no más” corren el riesgo de procesos por Resoluciones Contrarias a la Constitución las leyes, incumplimiento de funciones y daño económico al Estado por llevar adelante una Elección con delitos electorales, que son nulos de pleno derecho y no sigan como sus antecesores hoy con procesos.

//*ANGÉLICA SILES PARRADO ES ABOGADA, EX ASAMBLEÍSTA CONSTITUYENTE DE BOLIVIA//

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