Gravetal, el diamante mejor escondido del chavismo en Bolivia

El exdiputado del MAS Juan Valdivia Almanza, de gorra azul, "dueño" de la agroexportación / ANF

SOCIEDAD | 27 Sep 2020

A Valdivia Almanza lo han acompañado en el directorio de Gravetal casi una decena de funcionarios públicos venezolanos

ANF.- Un grupo de funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y de Evo Morales han controlado durante 12 años la mayor exportadora de soya de Bolivia, Gravetal. La empresa privada, asentada en el departamento de Santa Cruz, es considerada un gigante agroindustrial en el rubro de las oleaginosas, uno de los más competidos del mercado agrícola internacional. Ha vendido en la última década más de 1.800 millones de dólares, incluidas cuantiosas sumas en materia prima a empresas públicas venezolanas.

En la página web de la exportadora se afirma que en 2008 “empresarios bolivianos” compraron la compañía. Nada se dice sobre el impulso y los recursos millonarios que empresas filiales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), corporación pública que entonces dejaba ganancias siderales al gobierno de Chávez, dieron a una firma con tres semanas de existencia y un capital de menos de 15.000 dólares para adquirir 99 por ciento de las acciones de la principal soyera de Bolivia. Esa compañía recién creada, denominada Inversiones de Capital Inversoja, fue el vehículo que finalmente permitió a un diputado del partido de Evo Morales tomar el control de Gravetal y disimular la mano venezolana.

Juan Valdivia Almanza, presidente y accionista mayoritario de Gravetal, no había concluido en Bolivia el mandato como diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), entre 2006 y 2010, cuando se dio la transacción que formalmente lo puso al frente de Gravetal. Un antiguo colega presentó una denuncia en su contra en el Ministerio Público por delitos que incluyen la legitimación de capitales y la defraudación impositiva en conexión con el manejo de la empresa Inversoja, cuyos balances auditados están llenos de irregularidades, según el denunciante, incluida la no declaración oportuna de la compra de Gravetal y el ocultamiento del dato en la declaración jurada que presentó al terminar su función parlamentaria.

A Valdivia Almanza lo han acompañado en el directorio de Gravetal casi una decena de funcionarios públicos venezolanos que, con nula rendición de cuentas al público, fueron directivos de Gravetal hasta noviembre de 2019. La mayoría han estado relacionados con el Ministerio de Alimentación de Venezuela, entidad que ha sido controlada principalmente por oficiales del Ejército, algunos de los cuales han sido denunciados por sobreprecios en la importación de alimentos o incluso han sido sancionados por Estados Unidos.

El funcionario venezolano que más tiempo ocupó en la directiva de Gravetal fue Juan Moisés Lares González. En 2013 estaba en el directorio de la compañía soyera y se desempeñaba simultáneamente en posiciones gerenciales en la estatal venezolana Lácteos Los Andes, que compraba materia prima a la empresa boliviana. Fue denunciado por trabajadores que por esa razón le atribuyeron un conflicto de interés que debía investigarse. La justicia no se hizo eco de las denuncias. Lares González encabeza en el presente una compañía que produce harina de maíz, ingrediente de las arepas, en Venezuela.

Los anteriores son parte de los hallazgos basados en el examen de documentos públicos y entrevistas en Bolivia como parte de la investigación colaborativa Chavismo INC. realizada en alianza entre Transparencia Venezuela, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS y la Alianza Rebelde Investiga (ARI). En el proyecto participaron periodistas basados en Venezuela, Estados Unidos, España, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Argentina y Uruguay que han contribuido a construir una base de datos que documentó los flujos de dinero asociado a personas de interés relacionadas con los gobiernos de Chávez y Maduro. Los datos se han basado en el procesamiento de investigaciones judiciales, ejecutivas y parlamentarias como las que involucran a Valdivia Almanza. 

Los negocios de Gravetal, presentados por la empresa como un tema privado y boliviano, en realidad formaron parte de los esquemas de cooperación entablados por Chávez y Morales y continuados por Maduro en el marco de una alianza estratégica fraguada gracias a la identidad política e ideológica, pero sustentada también con millones de petrodólares venezolanos, más de 5.000 millones, según algunos analistas.

La ayuda no solo incluyó el financiamiento, fuera de los mecanismos de Tesorería, a programas sociales como “Bolivia Cambia, Evo Cumple” u otros planes solidarios canalizados a través de la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA). También implicó la compra del fondo financiero privado Prodem, que llegó a ser uno de los mayores bancos de Bolivia con una cartera de créditos de 1.180 millones de dólares, por parte del Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela (Bandes), entidad que algunos funcionarios convirtieron en una escala de la corrupción y que ha sido vetada por Estados Unidos. También supusieron proyectos fracasados como la producción de alimentos con la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL) o el intento de convertir a Bolivia en una potencia petroquímica a través de la binacional Petroandina.

Valdivia Almanza no contestó la solicitud de entrevista dirigida a cinco de sus empresas. Las solicitudes también se hicieron llegar por correo electrónico a Gravetal e Inversoja para conocer detalles de la compra de la soyera y del porqué de la participación en el directorio de funcionarios venezolanos. Yimy Montaño, abogado de Valdivia Almanza a quien se pudo contactar para este reportaje, dijo que el caso de su patrocinado se está ventilando en las instancias competentes y que no comentaría más.

LEA LA NOTA COMPLETA DE LUIS FERNANDO CANTORAL PARA ANF EN EL SIGUIENTE ENLACE:

Gravetal, el diamante mejor escondido del Chavismo en Bolivia