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Lunes, 29 de Noviembre de 2021

Instituciones mantienen hermetismo sobre acciones de lucha al contrabando

ESPECIALES | 10 Sep 2020

PÁGINA SIETE / Carlos Quisbert.- Instituciones públicas mantienen hermetismo en torno al tema del contrabando. Para realizar este reportaje, Página Siete recurrió a fuentes oficiales como el Ministerio de Defensa, el Viceministerio del área, el Comando General y Departamental de la Policía y la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) pero sus titulares se negaron a dar entrevistas. En dos casos tampoco respondieron a los cuestionarios solicitados por los responsables de comunicación.

Otras fuentes consultadas fueron la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Fiscalía y el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Sin embargo, aunque hubo respuestas de los funcionarios, y en algunos casos hasta proporcionaron documentación, luego del cambio de Gobierno en noviembre de 2019, varios pidieron no ser citados por temor a la persecución política.

Ministerio de Defensa

“Me comprometo a ordenar ahora mismo que se responda lo antes posible”, fue el compromiso del ministro de Defensa Fernando López, en junio de este año, cuando Página Siete le informó que desde 2019 la responsable de comunicación Claudia Bayá no daba respuesta a los pedidos de información y entrevistas con el nuevo viceministro de Lucha Contra el Contrabando Raúl Hurtado.

En esa oportunidad, López solicitó que se vuelva a insistir con Bayá para concretar la entrevista y obtener respuestas al cuestionario que la comunicadora solicitó. Sin embargo, pese al compromiso de la funcionaria de mandar las respuestas a las inquietudes de este medio, nunca lo hizo.

Durante los varios meses en que se solicitó una entrevista con el actual viceministro de Lucha contra el Contrabando, esta no se concretó con el argumento de que la autoridad estaba de viaje o en reuniones. Los responsables del Comando Estratégico Operacional en Oruro también se excusaron de responder a las consultas.

Autorizaciones de la Policía

En el caso de la Policía, Página Siete buscó entrevistas con distintos jefes de Oruro, pero todos precisaron que necesitan la autorización del comandante general Rodolfo Montero.

 Desde la Dirección de Comunicación de la Policía, en La Paz, los responsables afirmaron que no se podía atender el pedido debido a la apretada agenda de Montero. Sugirieron “buscar nomás en otra parte” las respuestas sobre las acciones de la institución en la lucha al contrabando y sobre los procesos penales por corrupción abiertos contra uniformados.

Silencio en la justicia

La investigación desveló la influencia política que prima en las investigaciones y sanciones a los contrabandistas en la justicia. Luego del cambio de Gobierno, varias autoridades de la Fiscalía y tribunales que habían dado entrevistas a este medio solicitaron no ser citados y pidieron suprimir los nombres de varios procesados.

“Pido que comprenda, por favor. Creímos que este Gobierno cambiaría al Fiscal General y a los jueces, pero no fue así y (funcionarios del Ministerio Público, la Policía y del Órgano Judicial que fueron denunciados) siguen en sus cargos y algunos incluso han sido ascendidos. No me nombre, por favor”, fue el pedido de una autoridad judicial.

Investigadores de la Policía también hicieron notar que, según los indicios, hay funcionarios de instituciones como la Aduana o la ANH que están comprometidos con la corrupción del contrabando.

En el caso de la Aduana, la Unidad de Comunicación tampoco atendió los pedidos de entrevistas a los directivos. Tampoco respondió al cuestionario enviado por Página Siete.

Por su parte, la ANH respondió a las solicitudes de información con un texto con datos generales sobre el manejo técnico del control de venta de combustible en Oruro y sobre su reventa ilegal. No obstante, no entendió a consultas puntuales y sus directivos no concedieron entrevistas sobre las acciones de lucha al contrabando.

Las FFAA tienen autorización para usar armas ante ataque de contrabandistas

Los diferentes hechos delictivos cometidos en la zona fronteriza de Bolivia con Chile y Perú, que van desde el contrabando hasta el narcotráfico, reflejan un grado de violencia que requiere la presencia de las Fuerzas Armadas. Ley 1053 autoriza el uso de armas contra los grupos delictivos, la quema de la mercadería ilegal y de los vehículos indocumentados, además que financia la creación de más puestos militares.

Los operativos realizados por los efectivos del Comando Estratégico Operacional (CEO) evidencian que gran parte de los ilícitos se cometen en las poblaciones fronterizas con Chile. Desde allí se internan vehículos indocumentados con el objetivo de canjearlos por droga en Potosí y Oruro, además los municipios limítrofes son el ingreso de electrodomésticos en camiones, cuya carga puede valer hasta un millón de dólares.

“ESTA INVESTIGACIÓN FUE REALIZADA EN EL MARCO DEL FONDO CONCURSABLE SPOTLIGHT VII DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE IMPULSA LA FUNDACIÓN PARA EL PERIODISMO CON EL APOYO DEL EUROPEAN JOURNALISM CENTRE”

//NdE: El presente reportaje no compromete la línea editorial liberal de @VisorBolivia// 

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