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Martes, 7 de Diciembre de 2021

Detectan 9 clanes familiares de pobladores y de policías

ESPECIALES | 10 Sep 2020

PÁGINA SIETE / Rodrigo Salazar.- Entre 2017 y 2019, la Fiscalía Departamental de Oruro registró 307 casos relacionados con el ilícito del contrabando que ingresa desde Chile a Bolivia por rutas clandestinas. Esa extensión fronteriza está “parcelada” por grupos familiares que incluso recibieron respaldo de políticos del MAS. Uno de sus cabecillas fue alcalde de Pisiga, con antecedentes de una condena por narcotráfico en la justicia chilena.

Por separado, en la justicia de Oruro se procesan casos de corrupción que involucran a policías, militares y funcionarios a los que se les atribuye otros delitos, pero que tienen nexos con la actividad ilegal del contrabando. Los responsables de las investigaciones señalan que se debe abrir procesos por legitimación de ganancias e incautarse de las propiedades.

Los registros de la Fiscalía de Oruro detallan que 63 investigaciones fueron abiertas en 2017 y otras 81 en 2018; pero en 2019 se presentaron 163 denuncias. El incremento se debió a la implementación de la Ley de Fortalecimiento de Lucha Contra el Contrabando, Ley Nº 1053, que incorporó el tipo penal de “favorecimiento y facilitación al contrabando”, que a su vez modificó y amplió las sanciones de los delitos aduaneros.

De esas 163 nuevas causas por contrabando, dos fueron desestimadas, cinco llegaron a etapa de juicio oral y en cuatro de ellas los involucrados admitieron la responsabilidad y se sometieron a juicios abreviados. Otras 78 denuncias fueron rechazadas por falta de indicios o estrategias legales planteadas por los acusados mientras que 74 casos siguen en proceso de investigación.

Entre esos 74 casos pendientes desde 2019, figuran los que se abrieron contra seis clanes familiares civiles. Al margen, hay otros contra clanes familiares de policías, además denuncias contra militares, fiscales y funcionarios aduaneros que mantienen algún nexo con el control fronterizo y los contrabandistas; pero estos son investigados por el delito de corrupción.

“Tenemos a seis familias (de comunarios) identificadas, pero hemos establecido que dos predominan. Se trata del clan Mamani-Nina y de los Colque-Herrera, personas involucradas también en el delito de sustancias controladas”, informó a Página Siete, en noviembre de 2019, el entonces fiscal departamental de Oruro Orlando Zapata.

“El (ex)viceministro de Lucha contra el Contrabando Gonzalo Rodríguez denunció hace meses (en agosto de 2019) las actividades de Tito Mamani Pocomani, Edson Arce Ajuacho y Ninfa Callisaya. Son los cabecillas de clanes familiares que manejan el contrabando en la frontera con Chile, quienes, al advertir que ya se conocían sus ilícitos, huyeron al país vecino para ponerse a buen recaudo, pero recientemente retornaron a Bolivia para seguir operando”, explicó Zapata y confirmó que existían órdenes de aprehensión.

Otra persona denunciada por Rodríguez es el ex alcalde mayor del municipio de Pisiga Miguel Colque Canaviri, quien, en 2017 a nombre de los originarios de esa zona fronteriza con Chile “denunció abusos de militares” que patrullaban para impedir el ingreso de vehículos indocumentados o chutos por vías clandestinas. Las denuncias fueron respaldadas y amplificadas en el Legislativo por varios diputados del MAS, quienes pedían “diálogo” entre los uniformados y los comunarios implicados con el contrabando.

Miguel Colque cumplió una condena en la cárcel de Alto Auspicio en Chile por narcotráfico. Los informes de las FFAA señalan que fue liberado en 2012 en un proceso de indulto. Su esposa Ludin Herrera Márquez fue denunciada de ser “pilotera” o guía de las caravanas de autos chutos por rutas clandestinas.

Por otro lado, fuentes del Comando de la Policía confirmaron a este medio que también se investiga de forma interna a al menos cuatro clanes orureños de familias de policías: “los Magne, los Silva, los Flores y otros” denunciados por permitir el ingreso de mercadería ilegal a cambio de fuertes sumas de dinero.

Los denominan “tranqueros” y sus nombres figuran tanto en informes de Inteligencia de la Policía como en los de las Fuerzas Armadas. Algunos de los miembros de esos clanes son investigados en el caso que se sigue desde 2018 contra Rommel Raña, el excomandante de la Policía de Oruro.

Los tranqueros, según esos reportes, en su mayoría son suboficiales y sargentos (los padres) y los más jóvenes tienen grado de tenientes (hijos y sobrinos), cuyos patrimonios (edificios, vehículos y otros negocios) no podrían ser justificados con el salario que perciben del Estado.

En la entrevista que concedió a Página Siete antes de su renuncia, en diciembre de 2019, Zapata explicó que esos grupos deben ser investigados por legitimación de ganancias ilícitas y sus propiedades, incautadas.

Las fuentes policiales señalaron que pese a que estos casos son conocidos y motivo de comentarios en pasillos de la institución, los procesos no fueron abiertos. Las causas fueron obstáculos “legales” interpuestos por contactos de los investigados que se infiltraron en las unidades de investigación, tanto en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Oruro como en la Fiscalía.

Hasta abril de 2020, en el Ministerio Público cinco fiscales anticorrupción continuaban en el cargo pese a tener procesos por corrupción que datan de 2012.

“Son los (fiscales) que tienen contactos entre policías y contrabandistas, cuando quieren minimizar un operativo o cerrar algún caso. Se camuflaron o eran parte de ellos en la gestión del MAS y ahora, en este nuevo Gobierno, siguen como si nada, porque los que los colocaron desde Sucre (Fiscalía General) siguen manejando los hilos. ¿Por qué? Porque no los sacaron en los conflictos de octubre”, sostuvo uno de los funcionarios responsables de los procesos disciplinarios en la Fiscalía de Oruro.

“Cuando se incautaban de camiones con contrabando de un masista, venían sin miedo diputados, concejales y políticos del MAS a abogar por la carga y por los detenidos. ‘Hay que apoyar el proceso (de cambio del MAS), hermano’, decían a los fiscales”, relata la misma fuente.

Según el registro de casos de la Fiscalía de Oruro, la mayoría de los comunarios comprometidos con el contrabando pertenecen a poblaciones fronterizas como Pisiga, Sabaya, Huachacalla y Tambo Quemado.

Por lo general -señalan los expedientes- los detenidos son estibadores, jóvenes “envalentonados con tragos”, que hacen de vigías y avisan a los choferes de camiones con contrabando de la presencia de patrullas de control. Quedan libres en poco tiempo por una serie de limitaciones en la investigación que impiden verificar sus nexos con los grandes contrabandistas.

“ESTA INVESTIGACIÓN FUE REALIZADA EN EL MARCO DEL FONDO CONCURSABLE SPOTLIGHT VII DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE IMPULSA LA FUNDACIÓN PARA EL PERIODISMO CON EL APOYO DEL EUROPEAN JOURNALISM CENTRE”

//NdE: El presente reportaje no compromete la línea editorial liberal de @VisorBolivia// 

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