El retiro de aportes a las AFP toma fuerza

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ECONOMÍA | 20 Jul 2020

 Es una inyección de capitales importantísima que moverá la economía inmediatamente

LA RAZÓN.- Perú y Chile empezaron a devolver aportes de los Fondos de Pensiones, y en Bolivia ante el temor de una pérdida de capital, el retiro del 25% como “préstamo” vía banca emerge como opción. Dos analistas ven luces y sombras en el sistema de largo plazo.

Las naciones vecinas afectadas por el COVID-19 optaron porque las AFP devuelvan una parte de aportes a sus afiliados, con el objetivo de facilitarles las liquidez necesaria para paliar la crisis económica ocasionada por esta pandemia.

En abril, el Gobierno peruano mediante decreto y ley autorizó a los aportantes a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) el retiro excepcional del 25% de sus cuentas personales.

En tanto, el Congreso chileno aprobó la semana pasada un proyecto de ley que propone que los afiliados de su sistema de pensiones puedan retirar hasta el 10% de los recursos que tienen en sus cuentas de capitalización individual.

En las experiencias de Perú y Chile, la voluntad política juega un papel determinante, un factor que es considerado necesario para que en el país avance en este tema, afirma el economista Jimmy Osorio, en un análisis sobre la posible opción para dinamizar la economía a través del retiro de recursos de las gestoras de pensiones Previsión y Futuro de Bolivia.

OPCIÓN. Según el analista económico, si el Gobierno busca inyectar capital para mover la economía “inmediatamente”, la alternativa es que las Administradoras de Fondos devuelvan aportes hasta un 25% a los afiliados a través de la banca, toda vez que gran parte de sus recursos se encuentran en el sistema financiero.

“Se puede devolver sin afectar el sistema de seguridad social a largo plazo, eso implica que las AFP indirectamente devuelvan un 25% de los aportes a los afiliados a través de la banca”, indica.

El mecanismo es un préstamo bancario a cinco años plazo, con intereses y años de gracia. Para ello, el cuentahabiente garantiza la devolución de los recursos con sus aportes, manteniéndose así el total de lo depositado, la cotización y la generación de utilidades para cuando se jubile.

“No estamos hablando de un plan de empleo, fortalecimiento de empresas o créditos. Es una inyección de capitales importantísima que moverá la economía inmediatamente. Es como echar leña a una fogata para que encienda”, ilustra Jimmy Osorio.

El economista también anticipa que esa es la opción más conveniente para el país y que otras pueden poner en riesgo el sistema de seguridad social de largo plazo porque disminuirían las utilidades.

Su aplicación solo depende de la voluntad política de las actuales autoridades de gobierno, dice y agrega que inclusive se cuenta con una última directriz emitida por el Banco Central de Bolivia (BCB) para el “achicamiento” del encaje legal, el cual ayuda a la otorgación de préstamos.

Economía y Finanzas Públicas José Luis Parada anticipó en abril que “la devolución de una parte de los aportes no era factible ni necesario”, debido a que puede generar iliquidez en el sistema de pensiones.

La nueva autoridad del sector, Óscar Ortiz, no se pronunció sobre el tema porque a una semana de asumir su nuevo cargo dio positivo a la prueba de coronavirus, aislándose para su tratamiento.

Pese a ello, desempleados por la cuarentena decretada por el Gobierno para enfrentar la pandemia, exigen la devolución parcial de sus aportes a las AFP. El foco de la demanda se concentra en Santa Cruz donde se instaló una huelga de hambre en la plaza de armas 24 de Septiembre. En otras ciudades comienzan a surgir voces con el mismo reclamo.

FONDOS. El economista y analista en presupuestos de la Fundación Jubileo, René Martínez Céspedes, advierte que cualquier solución que se pueda diseñar sobre este tema debe tomar en cuenta la preservación de los recursos de las AFP, a lo largo del tiempo.

“Estamos en un momento económico bastante complicado y entre las variables económicas que debemos cuidar están los Fondos de Pensiones ante cualquier definición que se tome”.

Argumenta que retirar una parte del capital implica reducir años de los aportes de los afiliados y una disminución de su renta, lo cual también puede afectar a los futuros jubilados. Además que una medida de esa naturaleza es contraria a los objetivos de la seguridad social, en lo referido a sostenibilidad, universalidad y solidaridad, añade Martínez.

A ello —dice— se suma que el sistema de pensiones y las posibilidades de brindar una mayor renta a los jubilados son limitados.

“El sistema cubre a una pequeña parte de la población, debido a que más del 70% es informal. Entonces estamos hablando de montos reducidos y de un sistema que no abarca a gran parte de la población, y de retornos no muy alentadores para el crecimiento de las rentas”, explica.

Al respecto, Osorio añade que de los 11 millones de habitantes del país, los trabajadores formales no superan el millón y el restante labora de manera informal.

Adicionalmente, apunta que en el primer semestre del año el desempleo bordeó el 8%, el más alto en los últimos 15 años. Es decir,
“ocho de cada 100 bolivianos no tiene trabajo”, subraya.

Estos datos muestran que el sistema de seguridad boliviano no abarca a gran parte de la población, y que los retornos no son alentadores para el crecimiento de las rentas, precisa el analista.

//FUENTE: LA RAZÓN//