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Domingo, 27 de Septiembre de 2020

Juez que dictó detención domiciliaria para Romero también benefició a Achacollo

SEGURIDAD | 3 Jul 2020

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Alan Zárate es un juez aliado al MAS; al menos así lo hizo entrever el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, al identificar al jurista como quien dio medidas sustitutivas tanto a Carlos Romero como a Nemecia Achacollo, dos de los exministros de Evo Morales, acusados por hechos de corrupción pública.

En contacto con red Uno, Murillo señaló a Zárate como el juez que en menos de dos semanas benefició al exministro de Gobierno, investigado en el caso UELINC, y luego a la exministra de Desarrollo Rural, acusada por la malversación de recursos del Fondo Indígena.

Sin embargo, para el ministro los “operadores de la justicia” siguen la línea que les manda el abogado y también exministro de Gobierno del régimen de Evo Morales, Wilfredo Chávez. Para Murillo, el actual “apoderado legal” del jefe masista, es quien trabaja con jueces y fiscales que todavía responden al partido azul.

El pasado 18 de junio, el juez Primero Anticorrupción dictó detención domiciliaria para Romero, acusado por las figuras de presunto incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, luego de haber estado como detenido preventivo en la cárcel de San Pedro desde enero.

El exministro tuvo que dejar constancia de la propiedad de un departamento en la zona de Sopocachi, para pagar la fianza de Bs 35.000 que se le había exigido para acceder a las medidas sustitutivas.

En la audiencia virtual hubo un corte de luz en el penal de San Pedro y Wilfredo Chávez salió a “denunciar” aquello a través de sus redes sociales.

“(Romero) Cumplió ya cinco meses detenido, el 17 de junio. Se le impide el acceso al baño por más de 17 horas. Pedimos su inmediata libertad”, escribió.

Este 3 de julio, el juez Zárate volvió a beneficiar a otra exalta funcionaria del anterior régimen, al incluir la figura de cesación por exceder el tiempo establecido en las recientes normas de descongestión penal, algo que se convertiría en una acción con carácter retroactivo.

Achacollo es investigada por el caso FONDIOC que data de 2015, pero que recién un año después le llevó a la cárcel de Palmasola en detención preventiva. La exministra se benefició con medidas sustitutivas y estuvo en detención domiciliaria en Santa Cruz, siendo vista reiteradamente en vuelos comerciales hacia Cochabamba y La Paz.

En 2019 se le revocó ese beneficio y tuvo que pasar a detención en el penal de Miraflores en la sede de gobierno.

El viceministro de Transparencia, Guido Melgar, también cuestionó la labor del juez y anunció un proceso penal e incluso disciplinario, por haber admitido un memorial que pedía la liberación de Achacollo en base a Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal, promulgada en marzo de 2019, que estipula seis meses como plazo máximo para la detención preventiva sin avance procesal.

Para el diputado del MAS, Víctor Borda, el juez solo aplicó la ley y acudió a esa figura de vencimiento procesal para otrogar el beneficio a Achacollo.

Alan Mauricio Zarate llevó adelante otros polémicos casos como aquel de la jueza Patricia Pacajes, del concejal Fabián Siñani, el desfalco de Franz Pari en el Banco Unión, entre otros.

//@VisorBolivia//        

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