Escribe Eusebio Vera

Actuaciones arbitrarias en las aprehensiones

Bolivia opina

OPINIÓN | 2 Jun 2020

La Constitución Política del Estado en su Art. 22 establece que: “La dignidad y la libertad de la persona son inviolables, respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”.

El parágrafo III y IV del Art. 23 manda: “Nadie podrá ser aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito” concordante con el Art.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Art.7 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; recordando que el parágrafo II del Art. 410 de nuestra Constitución instituye que: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa…” es decir, que lo que emana de la Constitución, debe ser cumplido por todas las autoridades y habitantes del Estado de manera estricta, lo contrario significaría violarla y atentar contra sus previsiones, atentando los derechos y garantías constitucionales.

Ahora bien, en los últimos días se procedió a una serie de aprehensiones en nuestro país en relación a las investigaciones del caso denominado “respiradores”, tema muy sensible debido a las víctimas de la pandemia.

En las investigaciones, a las 10:30 del 20 de mayo, aprehendieron al entonces Ministro de Salud, Marcelo Navajas, acción realizada por el coronel Iván Rojas, director de la Felcc, en las oficinas del Ministerio de Salud. De acuerdo a la versión de su abogada “lo invitaron a que vaya a la FELC-C”, y hasta las 15:00 del mismo día, la abogada señalaba: “en este momento se está terminando de hacer un acta para justificar la detención que ha habido esta mañana”.

Lo que significa, que al momento de la aprehensión no existía ninguna orden escrita emitida por autoridad superior; lo más grave, la autoridad policial no conocía los motivos, ni los delitos por los cuales realizaba la aprehensión limitándose a señalar “…se está evaluando las acciones respectivas para que sea la comisión de fiscales, la que califique inicialmente los tipos delictivos bajo los cuales se está llevando el caso”; transgrediendo y vulnerando los preceptos constitucionales señaladas antes.

Ahora bien, analizando el caso, las acciones policiales no se enmarcaron en la normativa penal vigente y menos se garantizó los derechos y garantías constitucionales, ya que la aprehensión no le fue exhibida al detenido, ni fue emitida por juez o fiscal.

Lamentablemente, en estos días ocurrió un caso similar, la aprehensión del juez Hugo Huacani, a quien, el viernes 22 de mayo, minutos antes de instalar la audiencia del caso “respiradores”, fue aprehendido por policías vestidos de civil, sin una orden escrita. El hecho fue corroborado por la Fiscalía de La Paz, que emitió un comunicado para informar que no ordenó dicha aprehensión.

Esas acciones llevadas (al parecer) de manera unilateral por la Policía, olvidando que ellos actúan bajo la dirección funcional de un fiscal, se encuentran fuera de los marcos legales, ingresando en un acto arbitrario, ilegal, unilateral y un abuso desmedido de un funcionario policial en particular (al que se debería sancionar), empañando las buenas acciones de muchos buenos policías.

Todas estas situaciones son preocupantes, ya que todos los habitantes de este Estado, nos sentimos vulnerables, debido a que algunas autoridades no respetan ni cumplen las normas y preceptos constitucionales, consecuentemente todos estamos expuestos a esos abusos y arbitrariedades. Es hora de enmarcar todas las acciones dentro de los preceptos constitucionales, insistir y remarcar que todos los bolivianos vivimos en un estado de derecho, en el que se encuentran vigentes todos los derechos y garantías constitucionales. Aclarando que no se defiende a nadie, ni se responde a ninguna posición política, el propósito de mi análisis es resguardar, resaltar y hacer prevalecer nuestros derechos como ciudadanos y pedir a todas las autoridades que momentáneamente se encuentran en esa calidad. Respeten, cumplan y hagan cumplir en forma estricta las normas en vigencia.

//*Eusebio Vera A. es abogado penalista y docente universitario//

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