Gobierno elimina figura de contrataciones directas en empresas estatales de la era Morales

El ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Ortiz / ABI

ECONOMÍA | 29 May 2020

"La contratación directa volverá a ser la excepción y no la regla como lo había hecho Evo Morales"

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Las empresas estatales ya no podrán adjudicar contratos de forma directa, como se hacía en la era del masista Evo Morales. El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, explicó que la medida busca dar transparencia al manejo de recursos públicos. La medida es adoptada luego de una seguidilla de escándalos que afectaron la imagen del Gobierno central.

Mediante el Decreto Supremo 4247, la presidenta Jeanine Áñez anuló los decretos 181 de junio de 2009 y 1497 de febrero de 2013, que firmó Morales para agilizar las adquisiciones en las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE), hecho que generó denuncias de corrupción, sobreprecios y desfalcos durante el mandato del jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS).

"La contratación directa volverá a ser la excepción y no la regla como lo había hecho Evo Morales", declaró el ministro.

Sin embargo, la contratación directa se convierte en contratación por excepción, obligando a las empresas públicas a demostrar la necesidad de la compra de bienes, servicios o insumos.

“Cuando por razones de extrema urgencia ocasionadas por acontecimientos imprevistos o para sustentar actividades sustantivas empresariales, la EPNE no pueda obtener los bienes o servicios a tiempo mediante las otras modalidades de contratación y el uso de tales procedimientos pudiera resultar en perjuicio para los intereses empresariales o de sus usuarios o beneficiarios”, cita el DS 4247 que modifica el art. 65 del DS 181 sobre Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

Con esta normativa, la gestión de la presidenta Áñez busca salir de la seguidilla de escándalos mediáticos y denuncias de corrupción cometidas por funcionarios, en su mayoría militantes del MAS que todavía trabajan en el aparato gubernamental.

La compra de 170 respiradores de marca española para la atención a pacientes con Covid-19, desató las críticas de la ciudadanía, al evidenciarse irregularidades en el proceso de contratación con la empresa intermediaria y un presunto sobreprecio de 2 millones de dólares.

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