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Miércoles, 30 de Septiembre de 2020

Escribe Carlos Armando Cardozo

El imperio detrás de los elefantes blancos

OPINIÓN | 27 Nov 2019

Tras la salida del poder del ex presidente Evo Morales Ayma, a nivel mundial ha tomado fuerza el vínculo que este tiene con el narcotráfico, en su calidad de líder sindical de las 6 federaciones productoras de hoja de coca del Trópico de Cochabamba, no solo a través de sus políticas contemplativas respecto a la erradicación (consensuada) y la legalización de la producción del Chaparé siendo está destinada íntegramente al narcotráfico.

Dentro de toda esta vorágine de acusaciones e indicios trasladados a los medios, cabe destacar la hecha por el periodista peruano Jaime Bayly en la que establece una relación cercana del ex presidente Morales con el Cartel de Sinaloa, dichas operaciones tendrían como centro de operaciones justamente el fortín desde donde proyecto su figura política, el Chapare.

Más allá de las hipérboles, el narcotráfico en Bolivia es una realidad que ha cobrado nuevos matices luego de casi 14 años de haberse campeado en todo el territorio nacional y de gozar con el amparo del Ejecutivo Nacional; las empresas publicas habrían de cumplir un rol por demás estratégico para viabilizar el narcotráfico.

Como dice aquella frase acuñada por Maquiavelo: “piensa mal y acertarás” vale la pena detenerse y analizar el origen mismo de algunas empresas públicas, sobre el tipo de bien a producir, las cantidades a ofertar, los mercados que surtir y la conexión que tenían estas como actividades “legalmente constituidas” con actividades “ilícitas y de crimen organizado”.

En otro momento hablar paralelamente de: la Empresa de Cemento de Bolivia (ECEBOL), Empresa Pública de Cartones de Bolivia (CARTONBOL), Empresa Pública de Papel de Bolivia (PAPELBOL), Empresa Nacional de Vidrio de Bolivia (ENVIBOL), Planta Industrializadora de Urea y Amoniaco de Bulo Bulo (YPFB), y el proyecto de producción de Bioetanol (YPFB) supondría básicamente hacer una reseña de los grandes logros de inversión pública liderada por el anterior gobierno. Sin embargo, el vínculo va más allá de la agenda política, si bien estos proyectos fueron encaminados por motivos exclusivamente político electorales, parte de una campaña permanente para fortalecer la imagen del caudillo, esto fue una verdad a medias.

El narcotráfico si bien forma parte de actividades ilícitas no deja de ser una actividad económica, que se rige bajo los mismos preceptos, conceptos y mecanismos de análisis de producción y mercado. En ese entendido si establecemos como punto de partida los datos publicados en informe de Naciones Unidas que señala que más del 90% de la hoja de coca producida en el Chapare se destina para mercados ilegales, un total de 23.200 toneladas de hoja de coca secada al sol (2017) sería pertinente cuestionarse de donde saldrían todos los precursores necesarios para convertir la materia prima en el bien terminado (la cocaína).

Es aquí donde las empresas públicas antes mencionadas se alinean dentro del proceso productivo del narcotráfico, en calidad de proveedores de precursores esenciales para la transformación de la hoja de coca. Me explico, existen alrededor de 38 sustancias químicas precursoras y esenciales comunes para la producción de estupefacientes, así lo destaca el informe 2018 “Manual de Sustancias Químicas usadas en el Procesamiento de Drogas Ilícitas” del Programa Antidrogas Ilícitas en la Comunidad Andina (Proyecto PRADICAN) elaborado por la Comunidad Andina y la Unión Europea.

De dichas sustancias, las empresas públicas citadas manejarían en calidad de insumo 3 químicos esenciales y producirían como bien final 4 químicos esenciales. ENVIBOL requiere de carbonato de sodio para la fabricación de vidrio, precursor; PAPELBOL y CARTONBOL requieren de sulfato de magnesio o sulfato de sodio para la producción de pulpa para el papel y cartón, ambos precursores.

ECEBOL cuyo principal producto es el cemento, es precursor; la Planta de Fertilizantes de Bulo Bulo produce Urea y Amoniaco, ambos precursores y finalmente el proyecto de YPFB para producción bioetanol en alianza con el empresariado privado incentivo la producción de etanol, también un precursor.

Mover cantidades de precursores a nivel internacional supone un alto riesgo para la industria del narcotráfico, son necesarios mecanismos legales para internar y producir precursores que no levanten sospecha alguna tanto dentro como fuera de nuestras fronteras; el narcotráfico se ha valido en muchos casos de empresas privadas legalmente constituidas para aprovisionarse de estos insumos ya sea por una simple negociación comercial o con el uso de la violencia y amedrentamiento propio de organizaciones criminales de este rubro.

El caso boliviano difiere de otros países productores de hoja de coca como Colombia y Perú, porque la toma del poder por vías electorales del ex presidente Morales, permitió la institucionalización del narcotráfico a través de las diferentes instituciones y empresas públicas del Estado.

El sueño de Pablo Emilio Escobar Gaviria fue coronar su imperio del crimen siendo la primera autoridad de su país, Morales lo logró y supo alinear lo público con los intereses de su organización, empresas públicas sin aparente relación entre sí que hicieron su parte para llevar el narcotráfico en Bolivia hacia niveles impensados.

Los invito a dudar por un instante, realmente las empresas públicas fueron “elefantes blancos” o tal vez sirvieron para un objetivo más allá de nuestros ojos.

//*CARLOS ARMANDO CARDOZO LOZADA es economista, máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático y presidente de la Fundación Lozanía//

//**LOS TEXTOS REPRODUCIDOS EN ESTE ESPACIO DE OPINIÓN SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO COMPROMETEN LA LÍNEA EDITORIAL PLURAL – LIBERAL DE ESTE MEDIO DE COMUNICACIÓN// 

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