Escribe Erick Fajardo Pozo

Las duras lecciones de la derrota autonomista

Escribe Erick Fajardo

OPINIÓN | 3 Nov 2019

Un año antes del exilio, al dejar la vocería de Convergencia Nacional en diciembre de 2009 advertí que la recomposición de la oposición no se daría en el Congreso y que era tarea política de largo aliento. Mi última comisión, la coordinación de la bancada opositora en el Legislativo, me dejó claras dos cosas: soluciones electorales de corto plazo y resistencia parlamentaria eran dignas pero ineficaces.

La inclaudicable fiscalización y denuncia coordinada con un puñado de jóvenes asambleístas en temas estructurales como el Silala, el Mutún y las AFP’s apenas le hacia el juego a una comunicación de gobierno que usó esa honesta acción legislativa como coartada para alegar la existencia de una democracia “plena y tolerante”, mientras judicializaba opositores, reprimía discapacitados y sus huestes cocaleras ocupaban el Tipnis.

Convergencia Nacional no fue un partido político, sino la rearticulación de un movimiento en desbande en una desesperada formula legislativa; un repliegue de los lideratos cívicos al Congreso para “llevar la lucha de las regiones a la sede de gobierno” y prodigar la protección del fuero parlamentario a los líderes autonomistas de recambio luego de la debacle de septiembre de 2008.

Fracasamos. Si hubo una traición mayor que la defección y capitulación de Rubén Costas fue la de nuestro imaginario electoralista que nos hizo pensar que, aun en desbande el voto del movimiento autonomista podría unificarse e imponerse a la todavía inédita maquinaria del fraude para garantizar el contrapeso del “tercio de oro’ en el Legislativo.

Dura lección: La estrategia electoral sin estrategia de poder real, produce representación sin correlato social dispuesto a la movilización frente a un régimen que gobierna con represión. La participación política, en un sistema electoral corrompido, encumbra autocracias disfrazadas por estructuras legislativas inocuas.

El Legislativo era un cuarto de pánico que aislaba y ahogaba aun las más resonantes voces y argumentos, mientras la imagen de una “democracia amplia y participativa” que le ayudábamos al gobierno a proyectar era usada para perseguir, recluir y forzar al exilio cual delincuentes a los líderes regionales de la rebelión autonomista.

Un balance crítico nos permitió asumir errores y plantear tareas correctivas: la insurrección autonomista de 2008 le había planteado al movimiento cívico nacional articulado en el CONALDE la cuestión del poder, el dilema de mostrar vocación de poder real y dejar de ser movimientos de contención de la arbitrariedad estatal para plantear la autonomía como proyecto de estado.

El error estratégico de los prefectos fue, habiendo el CONALDE rechazado someterse al Revocatorio inconstitucional, ceder a la tentación electoralista y apostar el capital acumulado en dos años de resistencia a un Referéndum Revocatorio que lejos de “fortalecer electoralmente” a Santa Cruz, diezmó al CONALDE y aisló la resistencia autonómica en el sur del país.

Los errores tácticos posteriores fueron desmovilizar las protestas de septiembre después del Revocatorio a título de “pacificar” el país; permitir la persecución de los líderes del movimiento cívico en Pando, Chuquisaca, Potosí y Tarija; y entrar en un “diálogo” con el gobierno en Cochabamba en el que se capituló el confinamiento extrajudicial de prefectos, alcaldes, cívicos y senadores disidentes del régimen.

La tarea de largo aliento pendiente era consolidar un nuevo imaginario político nacional, en que la descentralización del poder, el relevo de los caudillos residuales de la oposición neoliberal y el rechazo a un hipercentralismo forjado en un sistema de fraude electoral estructural fueran objetivos estratégicos de la agenda ciudadana.

Una década más tarde, las redes ciudadanas movilizadas deben corregir los errores del proceso autonómico y retomar los postulados del 21/F: No ceder a la celada de una segunda vuelta o nueva elección mientras el andamiaje del fraude electoral permanezca intacto; no desmovilizarse para aceptar una auditoría que hiede a capitulación; y no negociar con el gobierno lejos de la premisa del Referéndum Constitucional: Cualquier acto jurídico contrario a la voluntad electoral manifiesta el 21 de febrero de 2016 es nulo de pleno derecho.

Las elecciones, sus candidatos y sus resultados están viciadas de nulidad. Esa no es una demanda, es un hecho jurídico absoluto y es innegociable.

/*Erick Fajardo Pozo es Master en Comunicación Política y Gobernanza por la GWU-EEUU/

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