Caravana cívica comenzó desalojo en dos municipios chiquitanos y colonizadores apelan al INRA

Camacho visitó cinco municipios para verificar nuevos asentamientos indocumentados / RRSS

SOCIEDAD | 9 Oct 2019

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- El anuncio de desalojo a aquellos asentamientos interculturales que no se encuentren registrados debidamente, comenzó este miércoles en dos municipios de la Chiquitanía, informó el Comité Pro Santa Cruz. En tanto, los colonizadores apelan al Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA para defender sus dotaciones.

Tras el cabildo cruceño del pasado viernes, en el que se lanzó el ultimátum al INRA para verificar los asentamientos dentro de la Chiquitanía, zona afectada en 5 millones de hectáreas quemadas por los incendios desde agosto, comisiones de los cívicos en caravana, se dirigieron a San Miguel y San José de Chiquitos, donde se hizo el levantamiento de datos sobre dotación de tierras.

El presidente cívico Luis Fernando Camacho, en transmisión por redes sociales, explicó que los colonizadores escucharon las razones de esa inspección y determinaron dejar esas tierras.

“Se les ha explicado que el Gobierno les ha mentido, no ha habido ningún problema”, decía Camacho, quien estuvo también en Concepción, San Ignacio de Velasco y San Rafael.

Los cívicos ya habían coordinado acciones con el alcalde de San José de Chiquitos, Germaín Caballero, para evitar que los colonizadores infrinjan la norma sobre derecho propietario y se evite cualquier acto de violencia como se había amenazado desde algunos sectores masistas.

“Violencia no va a haber, lo que hay es un Gobierno mentiroso que trae gente con fines políticos para jugar con su supervivencia, su salud y sus familias. Estamos satisfechos por el trabajo realizado en cumplimiento del mandato del cabildo”, dijo Camacho.

La acción de los cívicos de Santa Cruz fue cuestionada por los sectores sociales aliados al Movimiento Al Socialismo – MAS, como los colonizadores, incluso con amenazas de enfrentamientos.

Sin embargo, también hubo voces más calmadas como del dirigente Mario Chambi, que pidió a los cruceños tomar en cuenta que los migrantes de Oruro, Potosí y La Paz “dieron mucho” a aquel departamento y que se debería desalojar primero a los “grandes empresarios” y no a “gente boliviana que trabaja y produce”.

“Nosotros hemos obtenido legalmente, la gente ha invertido su platita, no mucha, pero es su inversión. En Roboré, por ejemplo, hay 50 comunidades con 50 hectáreas cada una, son dotaciones de tierra legales”, declaró a radio Fides.

El siniestro de la Chiquitanía y la toma de esas tierras fue tema central en el cabildo del viernes 4 / COMITÉ PRO SANTA CRUZ

Para la Federación Departamental de Comunidades Interculturales de Santa Cruz, cualquier acción de desalojo corresponde al INRA y no a grupos cívicos.

“El Comité Cívico está haciendo una usurpación de funciones, ese trabajo que está haciendo el Comité Cívico el día de hoy, es un trabajo que debía hacerlo el INRA, sin embargo, se están atribuyendo responsabilidades que no les competen”, declaró a medios estatales Wilson Cáceres, dirigente de los colonizadores que antes había amenazado con enfrentamientos y convulsión social en Santa Cruz.

El lunes ya había marcado esa línea de defensa el segundo mandatario Alvaro Garcia, afirmando que el Gobierno central es el más interesado en la verificación de asentamientos ilegales, pero aquella verificación corresponde al INRA.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, como cabeza de sector es la entidad que entregó, desde 2006, resoluciones de asentamientos, dotación de tierras y títulos de propiedad a las comunidades interculturales, más conocidos como colonizadores, todos como parte de los gremios aliados al partido oficialista.

La determinación del cabildo de Santa Cruz del viernes 4 de octubre, respondió a lo que ellos consideran responsables del incendio en la Chiquitanía, por haberse apropiado de las tierras del oriente y actuar al amparo de la Ley 741 y el Decreto Supremo 3973 de ampliación de la frontera agraria.

En lo político, los cívicos también cuestionan que el traslado de gente del occidente al oriente, como los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, responde a una estrategia electoral para anular los liderazgos locales.

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