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Viernes, 20 de Septiembre de 2019

Siniestro de la Chiquitanía destapa masiva distribución de tierras del oriente para interculturales

POLÍTICA | 2 Sep 2019

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- El incendio de magnitudes en la Chiquitanía ha destapado el tema de la distribución de tierras en el oriente boliviano. El Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA ha negado que se haya dado permisos de asentamientos en las zonas del siniestro, pero las resoluciones emitidas desde marzo, contradicen a esa repartición del Gobierno central.

Entre el 11 y el 17 de marzo, el INRA entregó resoluciones de aprobación de asentamientos a las llamadas “comunidades interculturales”, sectores sociales de colonizadores, movimientos sin tierra y gremios sindicalizados aliados al régimen de Evo Morales, que desde 2006 se vienen organizando para lograr tierras en los valles, oriente y amazonía del país.

Las resoluciones beneficiaron a grupos como la Comunidad Intercultural agro-ecológica Marcelo Quiroga Santa Cruz adjudicada con 650 hectáreas de tierra y la Comunidad Agropecuaria Intercultural El Quebracho con 1.350 ha, ambas en San Miguel de Velasco; la Comunidad Intercultural Alborada logró 1.551 ha en San Ignacio; los interculturales Pampa Grande con 1.350 ha en San Rafael.

Posteriormente, en marzo, el INRA volvió a dotar de tierras fiscales a estas comunidades colonizadoras, aprobando la entrega de 26.157 ha para la Federación de Interculturales de Santa Cruz, a fin de consolidar los asentamientos en las provincias Chiquitos, Cordillera, Ñuflo de Chávez y Velasco de Santa Cruz.

Otro documento muestra la lista de 26 comunidades afiliadas a la Central Única de Campesinos de Santa Cruz, que se beneficiaron con resoluciones de asentamientos por más de 60 mil hectáreas a un promedio de 1.500 ha por comunidad, en un proceso que abarcó desde febrero a abril de este año.

INRA NEGÓ LOS CARGOS

El director nacional del INRA, Roberto Polo, había negado que esa entidad hubiera aprobado los asentamientos en las zonas en las que se produjo el incendio que hasta la fecha no ha podido ser sofocado, aunque la magnitud y cantidad de foscos de calor redujeron 80 por ciento, quedando 142 puntos reportados.

“Nosotros desmentimos categóricamente a la población en general que los focos de calor hubieron sido a raíz de los asentamientos. Reitero, no tenemos asentamientos desde el 2018 y en la actualidad no se están haciendo asentamientos”, declaró el funcionario la pasada semana, a medios estatales.

Sin embargo, el documento de aprobación de asentamientos para la Central Única de Campesinos de Santa Cruz incluye al municipio de Roboré, donde se presume comenzó el siniestro que hasta hoy ha provocado la pérdida de 1,1 millón de hectáreas y mantiene 30 incendios activos en la zona de la Chiquitanía.

Entre Pailón, Roboré y San José de Chiquitos figuran nueve comunidades beneficiadas con terrenos para la expansión de la frontera agrícola. En Roboré, específicamente, se encuentran la Comunidad Campesina Agroforestal Aguas Claras y la Comunidad Tupac Amaru, esta última cercana a Tucavaca, donde a fines de 2018 hubo resistencia para el ingreso de colonizadores a la zona por existir ahí una reserva natural.

Mientras desde el régimen de Evo Morales se rechaza el tema de asentamientos, los activistas y cívicos cruceños desplazados en la Chiquitanía han verificado que existe tala de árboles y apertura de caminos. También se muestran en imágenes carteles de las comunidades interculturales con nombres como “San Lorenzo”, “Miraflores”, hasta “Comunidad Evo Morales”.

El director del INRA también anunció dar cumplimiento a la “pausa ecológica” que decretó el mandatario del Estado Plurinacional. “Se ha suspendido absolutamente todo, así como se ha instruido a la Unidad de Catastro a nivel nacional que no se va a permitir la mutación y la transferencia de bienes en el lugar en cuanto no se tenga todo este desastre controlado”.

REPARTICIÓN DE TIERRAS AGRARIAS Y GANADERAS

Para el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, las tierras afectadas por el incendio son precisamente aquellas que el INRA repartió desde 2018, pues el 70 por ciento de las hectáreas quemadas son tierras fiscales y de empresas agropecuarias.

Colque, en palabras al matutino Los Tiempos, confirmó que los incendios afectan a los municipios de San José de Chiquitos, San Rafael, San Ignacio de Velasco, San Matías, Roboré y Puerto Suárez.

La Fundación Tierra calcula que existen más de mil comunidades asentadas en la Chiquitanía desde el inicio del “proceso de cambio” en 2006, con políticas gubernamentales que promovieron además los “perdonazos” a las quemas y desmontes ilegales.

El investigador y abogado del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social – CEJIS, Leonardo Tamburini, publicó en su cuenta de Facebook, las diez normativas elaboradas durante la última gestión de Evo Morales, para ampliar la frontera agrícola en deterioro de las tierras, reservas naturales y territorios indígenas.

Tamburini llama “paquetazo” a estas leyes y decretos, fruto del consenso entre el MAS y el empresariado de Santa Cruz y Beni, que van desde la Ley 337 de 2013 que estableció el “perdonazo” a los desmontes ilegales desarrollados entre 1996 a 2011, hasta el polémico Decreto Supremo 3973 de julio de 2019 que amplió el desmonte de bosques y la quema controlada en tierras comunitarias en ambos departamentos.

“Se debe cambiar el modelo productivo agroextractivista que supone la liquidación de los bosques nacionales”, citó.

La distribución de tierras del régimen de Evo Morales coincide con el informe de la Fundación Tierra de 2011, que identificó zonas de expansión agrícola y ganadera en Santa Cruz, que tenía importante presencia de empresas de Brasil.

La Chiquitanía, en un mapa elaborado por esa organización, se encuentra justo en la zona que va desde San Miguel a Puerto Suárez, con esta región amazónica en medio, caracterizada como “área de expansión agrícola”.

RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL

En marzo, cuando el entonces director del INRA y actual viceministro de Tierras, Juan Carlos León, entregaba la resolución de asentamientos a la Federación de Interculturales de Santa Cruz, que incluyó parte de la provincia Chiquitos, conminaba a los colonizadores a apresurar la instalación de cultivos.

“De estas 26.000 hectáreas, quisiéramos que para el siguiente año estén cultivadas 6.000 hectáreas. Sabemos que se requiere capital para producir, es importante que ustedes produzcan para aportar a la Seguridad Alimentaria del país”, decía León.

El 9 de julio el consejo de ministros aprobó el Decreto Supremo 3973 dictado por el mandatario Evo Morales, con el que se amplió la acción de desmonte de tierras a las llamadas “tierras comunitarias”, es decir, aquellas que el INRA ya había aprobado para la acción de los interculturales meses antes.

El anterior decreto 26075 de 2001, que fue modificado con esta norma presentada en la sede de la Federación de Ganaderos de Beni, solo aprobaba el desmonte en tierras privadas y según reglamentos departamentales. El D.S. 3973 agregó la figura de “tierras comunitarias” y también incluyó a Beni en los permisos de “quemas controladas” o “chaqueos”, que ya se daban en Santa Cruz.

Con el siniestro de la Chiquitanía, el Gobierno quedó marcado como “ecocida” y “biocida”. Sin embargo, las posiciones ambientalistas quedan cortas con un tema que hace a la redistribución de las tierras de oriente y amazonía en favor de los sectores corporativos que son la base social del régimen socialista populista de Evo Morales.

Datos últimos de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano hablan de 40 millones de árboles con valor comercial perdidos por el siniestro, que tendrían un valor de mercado de 1.140 millones de dólares en este bosque seco, además de alertar sobre 1.200 especies de fauna afectada entre 43 ejemplares de anfibios, 140 reptiles, 788 aves y 242 mamíferos.

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