CorteIDH conmina al Estado a responder por La Calancha hasta el 19 de julio

Diputado Poppe denunció al Estado Plurinacional por las tres muertes de 2007 / ARCHIVOS

SOCIEDAD | 7 Jun 2019

KIOSKO / CORREO DEL SUR.- El Estado boliviano fue conminado a responder a una demanda planteada por el diputado Horacio Poppe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los hechos luctuosos de La Calancha ocurridos en noviembre de 2007.

La acción legal busca que el Gobierno atienda y resarza económicamente a las personas que quedaron lisiadas como resultado de los enfrentamientos entre la población civil y las fuerzas del orden, cuando se redactaba la nueva Constitución Política del Estado, informó Poppe.

Señaló que en septiembre de 2015, en Washington (Estados Unidos), presentó ante la CIDH el formulario de petición de demanda que fue trabajado por su equipo de abogados.

Sustentó que el Estado tuvo una actitud de retardación de justicia en este caso. En 2011, el Ministerio Público remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) una solicitud para abrir investigación contra el ministro de Gobierno de ese entonces, Alfredo Rada, y otros por los hechos de La Calancha; el caso nunca fue remitido por el Presidente de la ALP al pleno de la Asamblea para su tratamiento.

Poppe recordó que en febrero de 2016, la CIDH le comunicó la admisión de la petición de la denuncia y abrió investigación del caso; a partir de ese entonces se comenzó a producir prueba y una de ellas estaba relacionada con el estado de salud de las personas cuyas heridas dejaron secuelas de por vida. Hubo un examen médico y psicológico, apuntó.

Destacó que es el único proceso que se logró abrir por los hechos de La Calancha y que tuvo cierta rapidez en comparación con el caso Terrorismo, que se denunció en 2009 y en el que la CIDH pidió descargos al Estado en 2018. El caso de La Calancha se denunció en 2015 y en 2019 se solicitaron los descargos.

El diputado dijo que la CIDH le pidió al Estado presentar sus descargos el 11 de marzo, otorgándole un plazo de 90 días que se cumple el 11 de junio, pero el Gobierno solicitó una ampliación que fue concedida hasta el 19 de julio. El plazo es irrevisable, recalcó.

Cumplida esa prórroga y antes de que inicie el juicio, la CIDH convocará a las partes a una conciliación que podría darse, si el Estado acepta una reparación del daño económico y médico; de lo contrario, se irá a juicio.

//FUENTE: CORREO DEL SUR//