Censo carcelario: Sentenciados que ya cumplieron su condena siguen entre rejas

Las condiciones económicas influyen en el asesoramiento legal oportuno a privados de libertad / CARLOS QUISBERT

SEGURIDAD | 15 Abr 2019

VISOR BOLIVIA / Ángel Salazar.- En conferencia de prensa conjunta, el Ministerio de Justicia presentó los resultados preliminares del primer censo carcelario desarrollado los días 11, 12 y 13 de abril; en este informe inicial, resaltan 60 casos graves de violación de derechos de personas privadas de libertad que, incluso, ya cumplieron sus condenas, pero se mantienen entre rejas.

Fueron parte del censo 53 recintos carcelarios del país. Los encargados de recolectar datos de la población carcelaria en calidad de “censadores” fueron 1.507 personas, en su gran mayoría, estudiantes de las carreras de Derecho de las universidades públicas del país. El recuento de datos estima haber llegado a un total de 18.814 personas a nivel nacional, por el flujo constante de ingresos y salidas diario en los recintos penitenciarios.

Las cifras por departamento se dividen en: La Paz 4.153 personas privadas de libertad censadas; Santa Cruz 6.739; Cochabamba 2.775; Beni 1.068; Pando 377; Tarija 1.129; Chuquisaca 745; Potosí 845 y Oruro 983.

De los 60 casos que llamaron la atención y que recibirán “pronta atención”, destacan el de una persona adulta mayor de 73 años, en la cárcel de San Pedro de La Paz, con una sentencia de diez años quien ya se encuentra recluida más tiempo del que indica su pena, porque no se contabilizó el periodo de su detención domiciliaria. En el mismo penal, un reo con sentencia de cuatro años, ya lleva recluido seis meses adicionales, porque posiblemente no contó con asesoramiento legal que pueda viabilizar una alternativa a su condena al tratarse de un delito menor.

En San Sebastián, Cochabamba, un recluso por el delito de hurto con ataques de esquizofrenia no recibe el tratamiento debido para su condición.

Posiblemente los casos más graves hayan tenido lugar en el penal de Palmasola de Santa Cruz, donde un recluso por delito de robo simple ya se encuentra encarcelado seis años y ocho meses en calidad de detenido preventivo siendo que ya excedió la pena máxima de cinco años para este tipo de delitos. Otro hombre recluido por el robo de una botella de licor con sentencia de año y medio, continúa preso por no tener asesoría legal que lo beneficie con su salida al tener una pena menor a tres años. En este mismo recinto otro reo con detención preventiva tiene una Orden de Libertad que data del año 2015 que no es ejecutada por orden de una asesora de gobernación del penal escrita a mano y en un papel simple.

Todos estos casos se suman a otros similares donde reclusos no logran acceder a una justicia plena por no contar con los recursos necesarios para solventar una buena asesoría legal.

“El trabajo del censo no concluye ahí, más adelante se va a llevar a cabo un trabajo de levantamiento de información y cruce de datos y finalmente será la base para la reforma penal y la aplicación correcta de la Ley de Abreviación Procesal Penal”, señaló el ministro de Justicia, Héctor Arce. El funcionario puntualizó que los resultados finales de este proceso serán presentados en un tiempo de dos meses.

Del proceso censal formaron parte el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia, el Órgano Electoral Plurinacional, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional de Estadística, la Dirección General de Régimen Penitenciario, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación, el Servicio General de Identificación Personal, el Servicio de Registro Cívico y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Todo, en coordinación del Ministerio de Justicia.

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