Defensoría inicia en Pando proceso socialización del “Acuerdo de Escazú”

GESTIÓN | 24 Mar 2019

GESTIÓN / DEFENSORÍA.- Con el objetivo de incidir en la ratificación del Acuerdo Regional Sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, “Acuerdo de Escazu”, y de promocionar su contenido con la sociedad civil, Organismos No Gubernamentales, organizaciones sociales y Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, la Defensoría del Pueblo inició en Cobija su socialización, proceso que abarcará todo el país.

Esta socialización se desarrolló este viernes durante un taller realizado en oficinas de la Delegación Defensorial de Pando, en el que participó la diputada supraestatal por Pando, Ruth Betzaide, quien destacó la iniciativa de la Defensoría del Pueblo en la formulación de un proyecto de ley para la ratificación en la Asamblea Legislativa Plurinacional del mencionado.

El “Acuerdo de Escazú” surge en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) realizada en 2012, fundamentándose en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992; es un tratado de derechos humanos y un instrumento jurídico en materia de protección ambiental que tiene el objeto “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz Tarifa, manifestó que este Acuerdo constituye un paso importante para garantizar, transparentar, promover la participación y control social de las personas, los sectores sociales y/o sindicales organizados, juntas vecinales, naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas en la exploración y explotación de recursos naturales, ejecución, seguimiento y evaluación de los estudios ambientales; además de la fiscalización ambiental”.

Destacó también que es una herramienta para proteger derechos ambientales, de acceso a la información y participación en la toma de decisiones; que no responde a la coyuntura, si nomas bien a factores de largo plazo, y que implican cambios estructurales.

Hizo énfasis en que, para el Estado, representa la oportunidad histórica de encaminar un nuevo desarrollo normativo en materia ambiental, acorde a la Constitución Política del Estado de 2009 y el Derecho Internacional, superando la Ley 1333 de Medio Ambiente vigente desde 1992; que además, será una contribución a encaminar políticas públicas para dar solución a los problemas ambientales que se han presentado en Bolivia los últimos años y lograr la prevención de los conflictos socio ambientales cada vez más complejos y delicados que han involucrado la argumentación y resistencia de indígenas y actores locales a megaproyectos.

Finalmente, la Delegada Departamental de Pando, Nancy Texeira señaló que es un instrumento importante para esta región cien por ciento amazónica, que coadyuvará a la solución de la problemática ambiental y a la protección de los defensores de derechos humanos y de medio ambiente.

//FUENTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO//

Foto institucional