UPEA marcha el jueves. Pide renuncia de ministro, fiscal y juez del caso Jonathan Quispe

La UPEA exige 30 años contra asesino de Jonathan Quispe a casi 10 meses de los hechos / ARCHIVOS

SOCIEDAD | 11 Mar 2019

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Después de la Asamblea Universitaria del fin de semana, la Universidad Pública de El Alto - UPEA, determinó movilizarse este jueves en busca de 30 años de sentencia para el expolicía sospechoso de asesinar al estudiante Jonathan Quispe. Se exige, además, la renuncia del ministro de Gobierno, el fiscal de materia y el juez asignados al caso.

El fin de semana, docentes y universitarios se reunieron en ampliado para analizar la sentencia a cinco años que dio, vía procedimiento abreviado, el Juzgado Cuarto de Sentencia en lo Penal determinó contra el exsubteniente Cristian Casanova, por la figura de homicidio del joven estudiante de Comunicación Social.

La comunidad de la UPEA se mostró indignada por ese fallo, avalado por la Fiscalía de Distrito, y sin haber tenido la notificación de la audiencia realizada el 6 de marzo, luego de carnaval y precisamente en el aniversario 34 de la ciudad de El Alto.

El secretario ejecutivo de la Federación de Docentes de la UPEA, Salvador Quispe, en entrevista con radio Panamericana, lamentó la forma en la que se desarrolló el proceso penal, sin la notificación a la parte jurídica de esa casa de estudios superiores ni a la familia de la víctima, como parte querellante.

El jueves, dijo, se realizarán las marchas de protesta, sin descartar bloqueos u otras acciones en caso de no ser escuchados por el Gobierno central y los operadores de justicia.

Asimismo, recordó el papel que tuvo el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien, luego de los trágicos sucesos del 24 de mayo de 2018, salió a responsabilizar a los propios estudiantes de la UPEA de haber disparado petardos provistos con canicas contra la marcha universitaria.

“Se está pidiendo la destitución inmediata o la renuncia del ministro Carlos Romero, por ser autor intelectual del asesinato del universitario Jonathan Quispe Vila, toda vez que en primera instancia nos había dicho que era un autoatentado, que era una canica, todas esas falacias que se nos decía”, explicó.

Jonathan Quispe se convirtió en emblema de la reivindicación de la UPEA / ARCHIVOS WEB

También se determinó pedir el relevo del fiscal de Materia, Ruddy Fernández, quien cambió la imputación inicial por asesinato a homicidio con opción a procedimiento abreviado para Casanova, así como la destitución del juez asignado al caso Ángel Mendoza.

Otra de las conclusiones, dijo Quispe, es el resarcimiento económico a la familia del joven universitario por la desatención durante estos diez meses.

Finalmente, la UPEA apelará la sentencia y exigirá a la justicia la pena máxima contra Cristian Casanova con 30 años de prisión por la figura de asesinato y no los cinco con los que el sospechoso pretende beneficiarse.

Por su lado, el Ministerio de Justicia anunció que hará seguimiento al caso para verificar si se cumplieron los procedimientos legales en la audiencia de sentencia.

“Como Ministerio de Justicia y Transparencia, nos apersonaremos e intervendremos en este caso, velando que la investigación y el proceso hayan sido llevados de acuerdo a ley, resguardando los derechos de la familia de la víctima para que se haga justicia”, escribió en Twitter el ministro del área Héctor Arce.

El fiscal de Distrito de La Paz, Williams Alave, había aclarado que la parte afectada, en este caso la familia de Quispe y la UPEA, tienen 15 días hábiles para plantear una apelación a la sentencia y explicó que para la figura de asesinato debe existir “saña, alevosía, ensañamiento, premeditación”, algo que el fiscal de Materia no encontró o no expuso ante el juez de Instrucción en lo Penal.

Cristian Casanova fue aprehendido al día siguiente del operativo de la UTOP que dejó a Quispe herido en el pecho con un proyectil de vidrio, una canica, que en menos de 20 minutos le provocaría la muerte por desangramiento. El 2 de junio el entonces subteniente de Policía era remitido al penal de San Pedro con detención preventiva.

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