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Lunes, 27 de Mayo de 2019

Escribe Carlos Armando Cardozo

Etnocidio desde sindicatos paraestatales

OPINIÓN | 6 Mar 2019

Relacionar el término “etnocidio” con un Estado al mando de un indígena parecería algo exagerado y hasta incoherente, sin embargo, demostraré que otra es la realidad en Bolivia.

El pasado 5 de febrero, 11 grupos indígenas de resistencia partieron en una marcha desde la ciudad de Sucre con destino a la sede de gobierno, encabezadas por la Nación Qhara Qhara que lleva adelante una lucha férrea por el reconocimiento de su territorio ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) así como su rechazo a la Ley de Deslinde Territorial N° 073 que en su artículo 10 restringe los alcances de la autonomía indígena en materia civil y lo relacionado al derecho propietario.

Resulta curioso que el primer presidente “indígena”, como el mismo se describe, promueva políticas tan agresivas e implacables contra los pueblos originarios, aquellos que en teoría reconoció a través de la Nueva Constitución Política del Estado y posteriormente en la Ley Marco de Autonomías, creando un nivel adicional de territorialidad más allá de lo departamental y municipal.

Los Qhara Qhara han sido claros al señalar que el actuar del INRA como institución carece de imparcialidad y objetividad al extremo que han llegado a desconocer el dictamen del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que en 2014 dio la razón a la Nación Qhara Qhara que haciendo uso de una Acción Popular pudo reivindicar a todos los pueblos y naciones indígenas originarios, que hasta ese momento requerían de una personería jurídica para poder ser reconocidos como tales ante el Estado; imagínese que la nación Qhara Qhara, una cultura prehispánica fue obstaculizada por el INRA bajo el único argumento que esta no tenía personería jurídica por ende no podía demostrar que esos territorios les pertenecían.

Ante el inicio de la marcha el Ministerio de Desarrollo Rural, Cesar Cocarico, ligero de cuerpo tildó de “políticos” a todos los pueblos originarios que firmes a sus convicciones continuaron movilizados hacia la ciudad de La Paz. A medida que la marcha se acercaba a su destino, el Gobierno continuaba su campaña de desprestigio, Morales, se reunió con los miembros de la nación Qhara Qhara el pasado 21 de febrero, sin embargo, tal cual narra Samuel Flores (miembro de pueblo Qhara Qhara) Evo Morales manifestó que sus Ayllus y su Marka debían de someterse a lo que decía la mayoría, se preguntará ¿Cuál mayoría? Pues la mayoría es el sindicato agrario.

El sindicato agrario como tal, es uno de los tantos mecanismos utilizados por el Gobierno para penetrar todos aquellos pueblos indígenas no alineados que no sucumbieron ni al poder económico ni al poder político ejercido a través de todo el aparato institucional público. El sindicato en este caso se convierte en otro núcleo social (ficticio en algunos casos) que entra en el escenario para inclinar la balanza donde los intereses gubernamentales apunten, por ejemplo, como sucede en el caso de la nación Qhara Qhara los sindicatos agrarios impulsan la titulación individual del territorio desconociendo completamente los derechos de los Qhara Qhara como pueblos originarios ancestrales que los antecedieron en la ocupación de este espacio.

Pero usted se preguntará ¿Qué interés puede tener el Estado en territorios de los Qhara Qhara? Bien, la figura va más allá de los Qhara Qhara, y se puede extender hacia los 11 grupos indígenas de resistencia, el control de los recursos naturales. El común denominador en las luchas de los pueblos originarios y el Estado es el control completo de los recursos naturales sin ningún tipo de restricción tal cual sucede con las actividades petroleras (Tariquía), los megaproyectos hidroeléctricos (Chepete y Bala), la construcción del tramo carretero por el parque Isibóro Sécure (Tipnis), o la explotación de caliza y puzolana (Ayllu Quila Quila, Marka Qhara Qhara).

Es decir, los pueblos originarios se convierten en un obstáculo que se interpone en la realización de los megaproyectos del Estado, porque sus derechos como pueblos están reconocidos no solo en la CPE sino también por Acuerdos Internacionales como la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Naciones Unidas, 2007) que señala claramente en su art. 26 señala en su inciso 1: “los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido”, entre tanto el inciso 3 establece que “los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos.

Bajo la anterior premisa, el Estado negando el ejercicio de sus derechos sobre el territorio a la Nación Qhara Qhara, vulnera flagrantemente tanto la CPE como también Acuerdos Internacionales (Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). Esto para un gobierno que se autodenomina indígena campesino, resulta por demás contradictorio.

Ante este panorama desolador los Qhara Qhara siguen su lucha inclaudicable tanto en el escenario nacional como en el escenario internacional, puesto que han presentado dos denuncias en contra del Estado Plurinacional de Bolivia ante los tribunales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El compromiso de este pueblo originario carece de tintes políticos, el territorio hace a la nación Qhara Qhara, da vida a su cultura, costumbres, prácticas ancestrales y la planificación de su desarrollo.

El falso concepto de lo “indígena” que tan arraigado tiene el Gobierno en lo profundo de su esencia ideológica, no es más que un adjetivo vacío carente de sustancia e identidad. Paso a ser un simple manto de invulnerabilidad con el que sindicatos afines se arropan para usurpar e irrumpir en territorios que históricamente no les pertenecen.

La impostura del “jefe indio del sur” desnuda la doble moral con la que impone el modelo sindical en el área rural, desconociendo al ayllu, la marka, la otra Bolivia que sigue sin tener voz propia y reconocimiento por parte del Estado, buscando en el escenario internacional lo que en su propio país no puede encontrar, justicia.

//*CARLOS ARMANDO CARDOZO LOZADA ES ECONOMISTA, MÁSTER EN DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO Y PRESIDENTE DE FUNDACIÓN LOZANÍA//

//**LOS TEXTOS REPRODUCIDOS EN ESTE ESPACIO DE OPINIÓN SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO COMPROMETEN LA LÍNEA EDITORIAL PLURAL – LIBERAL DE ESTE MEDIO DE COMUNICACIÓN// 

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