Red prometía cargos en entidades públicas a cambio de dinero en Santa Cruz

Arce confirma que se usaba la sigla del MAS para atraer gente al engaño / ÁNGEL SALAZAR

SEGURIDAD | 21 Feb 2019

VISOR BOLIVIA / Ángel Salazar.- El ministro de Justicia, Héctor Arce, presentó un caso de desarticulación de una red de corrupción, con probables contactos al interior del Movimiento Al Socialismo - MAS, que ofrecía a profesionales distintos cargos en instituciones públicas a cambio de sumas de dinero superiores a los 2 mil dólares en la ciudad de Santa Cruz.

Este grupo se dedicaba a contactar personas a quienes les ofrecían espacios laborales en entidades gubernamentales. Los cargos ofrecidos correspondían a la formación académica que cada víctima presentaba; en el caso de los ingenieros les ofrecían cargos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB; si eran médicos en la Caja Nacional de Salud – CNS y a otras personas en el Servicio General de Identificación Personal – SEGIP, entre otros.

Entre dos mil y cinco mil dólares, dependiendo el cargo al que se pretendía acceder, era la suma que los profesionales debían pagar por una letra de cambio o un documento que acreditaba una obligación civil.

El cabecilla de este grupo responde al nombre de José Luis Barrientos, quien presumiblemente es dirigente o tiene cercanía con dirigentes de un distrito del MAS en Santa Cruz. Esta persona ya contaba con antecedentes penales por estafa, hurto, robo y asociación delictuosa.

“Son personas que utilizaban el nombre del Movimiento Al Socialismo, se va investigar si fueran o hayan sido en algún momento dirigentes o personas vinculadas”, confirmó Arce, ante una pregunta sobre la posible militancia de los estafadores.

La principal sospechosa en grado de complicidad, Patricia Moscoso, era el nexo entre Barrientos y los captadores Osvaldo Triveño, Olivia Callao Triveño y Yohany Callao Triveño, quienes se dedicaban a esta actividad aproximadamente desde el año 2017.

Fue un grupo de ocho personas que una vez vencidos los plazos de sus documentos de compromiso y sin recibir los cargos comprometidos, procedieron a presentar la correspondiente denuncia. El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Gobierno de forma conjunta tramitaron la denuncia ante instancias correspondientes y el Ministerio Publico ya imputó a las cinco personas por los delitos de contribuciones y ventajas ilegítimas, asociación delictuosa y estafa agravada.

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