Escribe: Manuel Olivera Andrade

“¿CUÁL ES LA VERDADERA DISCUSIÓN SOBRE EL TIPNIS?”

OPINIÓN | 14 Ago 2017

MANUEL OLIVERA / 14 AGOSTO.- Hace ya seis años hemos sido testigos de una de las movilizaciones más trascendentales del último decenio de parte de los ciudadanos bolivianos que viven en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Estos hermanos benianos demandaban el respeto a la Constitución Política del Estado, que faculta a los titulares de este territorio a decidir la planificación de su desarrollo. Pero, en última instancia, se trataba del reclamo por el respeto a la vida de las personas que habitan hace siglos en ese inmenso paisaje natural: Moxeño-Trinitarios, Yuracarés y T’simanes.

Como profesional formado en Bolivia no puedo menos que expresar mi profunda preocupación por los recientes acontecimientos en relación a la decisión del Gobierno nacional de abrogar la Ley 180 de Protección del TIPNIS, que ha sido legítimamente conquistada por la movilización de estos pueblos indígenas el año 2011. Amparado en el Art. 108 de nuestra CPE, deseo presentar algunas ideas sobre esta temática, sin el ánimo de redundar en los argumentos a favor o en contra de esta decisión política —aunque puntos críticos serán ineludibles—, sino con la finalidad de aportar a un debate de ideas más plural en nuestro país.

Precisamente, como punto de partida planteo la necesidad de establecer un debate más amplio, pero también definido. Esto significa, a mi parecer, dos cosas: en primer lugar se requiere aceptar de inicio que no se trata de un tema exclusivamente ambiental ni de “ambientalistas”, sean o no aquellos “ecologistas colonizados” o los “medioambientalismos coloniales” referidos ya en distintos espacios. Se trata de un tema vital para el futuro de las siguientes generaciones de bolivianos, por ende corresponde a la ciudadanía manifestarse y es su obligación informarse.

En segundo lugar, se requiere dimensionar claramente de qué estamos hablando. Aquí preocupa la manera en que se ha llevado el debate de ideas. Hábilmente se ha llevado la discusión a un terreno distinto: la necesidad o no de una carretera que integre dos departamentos (Beni y Cochabamba). Desde la opinión de quien escribe, ésta NO es la discusión. ¿Existe algún boliviano que se oponga a la integración de dos departamentos? Me imagino que a priori nadie estaría en contra de una política de integración. De modo que la preocupación de algunos intelectuales en confrontar datos históricos y argumentos que sustenten o no la necesidad o legitimidad de un proyecto de carretera, incluyendo las élites benianas que respaldan la abrogación de la Ley 180, cae en saco roto. Pero volveré al tema de la carretera al final de este primer argumento.

A mi entender, la verdadera discusión —abierta por fuerza de los acontecimientos—es: hasta qué punto es más valioso proteger/conservar y usar sustentablemente el TIPNIS, que promover un desarrollo desplegado por medio de apertura caminera, propio de los años 30 y 40 del siglo pasado, cuyo resultado tangible hoy es la agricultura de exportación del departamento de Santa Cruz. ¿Queremos desplegar el desarrollo cruceño del siglo XX hoy en Beni? ¿No se supone que el proyecto de desarrollo del Vivir Bien prometía un desarrollo diferente, amigable con la Madre Tierra y el respeto a las culturas originarias? Más allá, ¿queremos promover un polo de “desarrollo” basado en el avance de la frontera agrícola de la coca del Chapare, la prospección petrolera, el saqueo de las maderas preciosas y la mercantilización de la naturaleza por medio del tráfico de vida silvestre? Esa es la verdadera discusión. Se trata pues de compatibilizar nuestras distintas visiones de desarrollo y retornar a los postulados —lamentablemente cada vez más discursivos— de respeto de la naturaleza y el proyecto del post-extractivismo.

La doble condición del TIPNIS (territorio indígena y área protegida) establece precisamente el desafío de combinar dos fines fundamentales para asegurar la resiliencia de nuestro país ante fenómenos naturales adversos: primero, asegurar las condiciones originales de un parque natural, tanto en representatividad como en superficie; y segundo, asegurar mejores condiciones de vida y oportunidades económicas concretas (no coca) para sus legítimos titulares (los pueblos indígenas mencionados). Este desafío postergado por los gobiernos, tampoco pudo ser concretado por este gobierno, que al igual que sus predecesores, acepta, por fuerza de los hechos recientes, que ha fracasado en la gestión compartida de áreas protegidas. El argumento de que la Ley 180 impedía el accionar del Estado, es falso, baste revisar en detalle no sólo la Ley sino su Decreto reglamentario.

El proyecto caminero que se está promoviendo entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos no va a resolver este tema. Esta cuestión no sólo quedará pendiente, sino que la historia juzgará a aquellos que hoy están adecuando las leyes a antojo de una clase privilegiada, cuya preocupación no es precisamente el mundo indígena.

Esperemos que las autoridades nacionales y departamentales asuman el rol de protección de su población y cambien el trazo original de la carretera, beneficiando realmente a estas comunidades y evitando la destrucción de este importante patrimonio boliviano.

/*Manuel Olivera Andrade es biólogo con formación en economía/

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