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“El policía y el fiscal, principio de la injusticia”

OPINIÓN | 23 Abr 2017

(Por: Andrés Gómez Vela, 23 abril).- Marco, de 35 años, fue acusado hace seis años de violación. El policía encargado de hacer la investigación dijo que había indicios, pese a que no había informe forense. El fiscal no recondujo la investigación, no convocó a testigos, no hizo reconstrucción, no exigió forense, e imputó. La familia, en su desesperación, pagó para evitar las medidas cautelares, pese a que Marco ni siquiera estuvo en el lugar el día del falso hecho. Tiempo después se supo que el padre de la "violada” también había pagado al policía y al fiscal para que encarcelen a un inocente porque no quiso arreglar de a buenas (con dinero).

Hasta hoy, nadie repara a Marco su dignidad, estrés y sufrimiento familiar; tampoco recupera el dinero que gastó en abogados y fotocopias. El policía y el fiscal quedaron impunes. Marco no sabe a dónde quejarse y para lo peor, el "nuevo” fiscal no revoca la injusticia porque dice que le impide la ley deshacer el mal que hizo su antecesor.

En el proyecto del Código del Sistema Penal, que está en consideración en el Legislativo, se incluye al fiscal en el tipo penal prevaricato. El artículo 117.II señala: "En la misma sanción (de cinco a 14 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo permanente) incurrirá la o el fiscal, que en ejercicio de sus funciones realice alguna de las siguientes conductas:

1. Falte deliberadamente a su deber de objetividad en un caso a su cargo, realizando actuaciones manifiestamente injustas u omitiendo las legalmente debidas;

2. Haga valer, a sabiendas, en el proceso a su cargo elementos de prueba y pruebas falsas o incompletas; o,

3. Dicte requerimientos manifiestamente ilegales, provocando resultados gravemente injustos para las partes”.

Me parece buena idea, pero este tipo es para el después de la injusticia. No sería necesario si habría fiscales incorruptibles y justos como para desestimar una denuncia y mandar diplomáticamente a la mierda al poderoso que presione. Pero, la realidad es nivel "exfiscal Quispe o exfiscal Saravia”, que cuando les pisa el plazo procesal prefieren acusar ante la duda, violando el principio "in dubio pro reo” (en caso de duda se favorece al imputado o reo).

Es necesaria una instancia de revisión o apelación en el mismo Ministerio Público a sola queja fundamentada de una de las partes.

De ese modo, se evitaría la injusticia. Esta nueva instancia tendría que ser incluida en la Ley del Ministerio Público.

En esta cadena de impunidad también está el mal policía. Hace algo más de nueve meses conocí la historia de una teniente que denunció a un capitán por sembrar pruebas en contra de inocentes sólo para extorsionarlos. La denunciante fue a parar a la cárcel y el denunciado sigue en funciones gracias a sus "dolarizadas” influencias.

También escuché quejas de litigantes sobre policías que hacen mal las investigaciones o presentan informes falsos, pero no reciben sanción alguna porque no hay tipo penal que castigue la "mentira uniformada”.

Para estos casos, debería crearse un tipo penal que castigue con cárcel la investigación deficiente o dolosa; además de consecuencias administrativas inmediatas en su institución y civiles para reparar el daño a sus víctimas.

La figura del policía aparece en el artículo 118 del proyecto de Sistema del Código Penal, en el tipo "Consorcio entre responsables del servicio de justicia”, que establece una sanción entre cinco a 14 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo permanente, si es hallado culpable de obtener ventajas ilícitas.

No es suficiente, un policía comete delitos en las investigaciones, de forma individual, por lucrar con la desesperación de la gente, que está dispuesta a todo para evitar que un familiar vaya a la cárcel.

Sin embargo, en el caso de consorcio tendría que incluirse a personas particulares que se prestan al juego de policías, fiscales, peritos y jueces para perjudicar a la otra parte.

Hay centenares de historias que prueban que la injusticia comienza en el policía y el fiscal, quienes cuando se enteran que hay casos donde hay dinero aceleran todo y proceden hasta de oficio; pero cuando se trata de pobres, todo es lento.

Mientras no haya una instancia que los vigile ni la tipificación de un delito que los castigue con cárcel, seguirán habiendo víctimas como Marco y la teniente que carga una pesada cruz por denunciar a un capitán corrupto.

/*Andrés Gómez es periodista/
 

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