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Lunes, 24 de Septiembre de 2018

REPORTAJE: EL CRIMEN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA (1/3)

Caso Bolivia: Presumir culpabilidad y hacinar las cárceles

Esta investigación fue realizada en el marco del Fondo Concursable Spotlight III de Apoyo a la Investigación Periodística en los Medios de Comunicación que impulsó la Fundación para el Periodismo con el apoyo del European Journalism Centre

ESPECIALES | 19 Ago 2018

VISOR BOLIVIA / Carlos Quisbert / Iván Rada.- Fue cuando las luces se apagaron y ordenaron silencio a gritos que el significado de aquella frase del juez se materializó con todo el peso de la realidad sobre él, la imagen de su esposa y de su pequeño de apenas tres meses: "por lo que se ordena la detención preventiva a cumplirse en el penal de San Pedro".

Es uno de los recuerdos que mantiene el profesor Víctor Hugo Zapata de aquella primera noche que pasó sin sueño en el panóptico de San Pedro, a donde fue enviado imputado por la violación que una estudiante de 16 años inventó para esconder a sus padres el embarazo de cuatro semanas y media que ya tenía producto de una relación con su enamorado un año mayor que ella.

Era el 4 de septiembre de 2017 y la única ecuación que el maestro de matemáticas quería resolver era cuánto tiempo permanecería encarcelado, aunque seguro de su inocencia, aún mantenía la esperanza de que aquella condición no podía durar mucho, porque era inocente.

Renato Cafferata se había dicho lo mismo, "esto no va durar mucho, porque soy inocente", así que vio innecesario iniciar la carrera de Derecho dentro del Penal de Palmasola, en Santa Cruz, donde en julio de este año cumplió siete años y seis meses. "Ya hubiera sido abogado", se lamenta con una sonrisa disimulada este ciudadano peruano, detenido como principal sospechoso del feminicidio de su pareja, María Castedo, el 15 de enero de 2011.

Durante la entrevista a Claudia Centeno, se nota en ella la experiencia de una persona que ya superó el temor a los micrófonos, luego de años de peregrinar por el país en varios medios de comunicación denunciando las irregularidades que se dieron en el juicio de Renato, su hijo.

“Es mi fortaleza, sin ella todo se vendría abajo", asegura Renato. Él aún en Palmasola y ella recorriendo juzgados, ambos están a la espera de que se cumpla una resolución emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó un nuevo juicio donde, entre otras irregularidades, se reveló que el investigador policial "extravió" las pruebas que pudieron exonerar hace siete años a Renato.

Zapata y Cafferata son dos de los cientos de casos detectados, donde por todos los elementos que existen en los cuadernos de investigación abre la probabilidad de que sean otros inocentes encarcelados, de ese 75% de los cerca de 19.000 privados de libertad detenidos sin sentencia, sumidos en un interminable proceso judicial que deben costear dentro de alguno de los 52 recintos penitenciarios del país.

De acuerdo con los datos de la Defensoría del Pueblo en 2017, Bolivia ocupaba el cuarto país en Latinoamérica con hacinamiento carcelario, después de Haití, El Salvador y Venezuela.

En mayo pasado, durante la interpelación por la intervención al penal de Palmasola, donde al menos siete reclusos murieron por disparos de arma de fuego, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que el porcentaje de hacinamiento carcelario solo alcanzaba al 213% y que los detenidos sin sentencia representaban el 70% de 18.195 registrados hasta ese mes.

En la misma interpelación, la senadora de Unidad Demócrata (UD) María Pinker, reveló que uno los casos más graves estaba en la carceleta de Montero, en Santa Cruz, donde en un espacio diseñado para 30, tenían a 432 reclusos, conviviendo entre basura, los indocumentados, los adictos y los enfermos terminales.

Durante dos meses, Jorge López, director de Régimen Penitenciario ha denegado proporcionar información actualizada para este reportaje aduciendo una agenda "muy ocupada", según uno de sus funcionarios de apoyo.

Sin embargo, resultado de la comparación de datos de los últimos cinco años de la Fundación Construir, los gobiernos departamentales de La Paz, Santa Cruz, el Defensor del Pueblo y Naciones Unidas, se tiene que a julio de 2018 la sobrepoblación en las cárceles del país llegó a un 387% con 18.895 privados de libertad en todo el país. De esa cifra, el porcentaje de 75% de detenidos preventivos equivale a 14.163 personas.

En tanto, la promulgación de la quinta versión del indulto presidencial desde el 2012, para beneficiar a cerca de 2.735 privados de libertad parece ser apenas un paliativo, pues solo tomando en cuenta los datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), se debe sumar los reclusos registrados y los aprehendidos en diferentes operativos ejecutados a junio de 2018, que elevaría el total de detenidos a 19.922.

En este marco, el hacinamiento en las cárceles, al margen del incremento de los índices delictivos, es resultado de la duración indefinida de la detención preventiva mientras se realizan las investigaciones, que en el 90% de los casos no avanza luego de la audiencia cautelar, a menos que sea por la diligencia de las víctima o el procesado, como lo explica el exjuez Roger Valverde, develando una de las principales falencias: los fiscales que no cumplen su trabajo.

En la misma línea, la abogada Martha Requena, afirma que ese largo proceso al que ha sido sometido una persona, resultado de una mala investigación o una falsa acusación, debe ser analizado para buscar un resarcimiento y para ello no hace falta una reforma judicial penitenciaria, ya que el actual Código de Procedimiento Penal contiene artículos que regulan la actuación de abogados, policías, fiscales y jueces, además que precisa cada tipo de sanción.

Ese sería el caso del profesor Víctor Hugo, quien luego de ser presentado como un violador ante la sociedad, junto al investigador policial ha logrado acumular pruebas de su inocencia para que la Fiscalía, luego de mantenerlo encarcelado por más de cinco meses, emita una resolución de sobreseimiento, la que ha tenido un alto costo.

"Me han dado una muerte civil, no puedo conseguir trabajo, hasta ahora sigo con detención domiciliaria, me miran con esa cara de violador, y peor aún en este trabajo de la educación", afirma el profesor.

Sin trabajo, afirma mortificado, ahora su familia vive de la caridad de sus padres y suegros quienes luego de su encarcelamiento también han asumido las deudas que él tenía con el banco, mientras ve muy lejana la posibilidad de un resarcimiento o el procesamiento de una menor que al amparo de la Ley de Protección a la Mujer 348, le bastó con señalar en la valoración psicológica que el profesor era “el agresor”.

Ese peligro es el que visualizan varios abogados. Mientras el exjuez Valverde y la abogada Requena, sostienen que no es necesaria una reforma o aplicación judicial porque la “ley es sabia”, sin contradecirlos, su colega Gary Prado, asegura que existen otro tipo de variables para la creación de las leyes en Bolivia como “la manipulación que el actual Gobierno hace a través de sus operadores estratégicamente colocados en Órgano Judicial, con el fin de mantener presos políticos".

Por su puesto, entre otros, Prado hace referencia al Caso Terrorismo I, donde figura como procesado su padre, el general en retiro Gary Prado Salmón, involucrado desde el 2010 por el exfiscal Marcelo Sosa, quien desde su autoexilio en Brasil, reveló que el caso fue direccionado por el Gobierno para anular a la oposición política del oriente boliviano.

En un extenso repaso de lo acontecido en los casos terrorismo I y II, Porvenir y otros, Prado señala como ejemplos claros de la falsa independencia de poderes, las modificaciones procesales que se lograron a partir de la Ley 1970 del CPP mediante la aprobación de la Ley Anticorrupción 004 – Marcelo Quiroga Santa Cruz y la Ley 586 de Descongestionamiento del Sistema Procesal Penal.

Gracias a esas modificaciones, explica Prado, es que se logró mantener detenido de forma indefinida a Leopoldo Fernández alargando la detención preventiva sin sentencia por más de los tres años que establece el Código de Procedimiento Penal.

Otro de sus clientes, Zvonko Matkovic, joven cruceño que recién logró ese "beneficio procesal" en febrero. Matkovic se ha negado rotundamente a acudir a la Ley 586 para declararse culpable, pues afirma su inocencia, además que una sentencia en su contra en grado de "complicidad" llegaría a siete años o los nueve años que ya cumplirá como detenido preventivo dentro de poco.

Para el exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, esta problemática no ha cambiado en los últimos 35 años, pese a intentos como la Ley Blatmann de 1993 o el propio indulto que él impulsó como servidor público.

Hay alternativas, afirma, como el uso de manillas electrónicas a detenidos preventivos para paliar el hacinamiento o la administración de los centros penitenciarios por civiles que tengan una visión más humanista y no penalista de estas miles de personas con futuro incierto.

Entre tanto, Víctor Hugo seguirá en casa, aprovechando cada oportunidad que se presenta para explicar a todos sus conocidos, padres de familia y directores de establecimientos donde presenta su hoja de vida, que él no es un violador, sin saber quién podría devolverle los 1.500 dólares que pagó a policías e internos para garantizar su seguridad e integridad dentro del penal de San Pedro.

Renato, al mismo tiempo, aún considera la posibilidad de iniciar la carrera de Derecho en Palmasola, a la espera de que el TSJ un día atienda su pedido, aunque con poca esperanza, ya que los magistrados han mostrado total indiferencia a las denuncias internacionales, incluso con pedidos desde el Consulado del Perú.

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