Escribe Remy Solares

Sobre persecución política

OPINIÓN | 8 Ago 2018

Quienes hacen persecución política parece que tienen como principio “El fin justifica los medios”. Los agresores culpan a las víctimas por las agresiones. Buscan protegerse a sí mismos, a sus familias y a la sociedad ante lo que consideran como peligrosa influencia del grupo perseguido. Cuando los confrontan, niegan los hechos, y aunque se los demuestren, son incapaces de reconocer algo. Ellos aparentan ser inocentes, libres de culpa.

Persecución se da por acciones represivas o maltrato persistente, realizadas por un individuo o un grupo político sobre otro grupo o individuo, debido a diferencias en la manera de pensar o por determinadas características religiosas, culturales, políticas u otras.

Se afirma que “en democracia no puede haber persecución política”, pero con el advenimiento de regímenes como el denominado “socialismo del Siglo XXI” se observa una práctica permanente de ejercicio de poder para lograr permanencia en el Gobierno.

En Bolivia se tiende a eliminar el “Estado de Derecho”, se amenaza con juicios y se va dando sistemática violación a los derechos humanos de ciudadanos; se prohíbe críticas al gobierno y se responde con propaganda millonaria haciendo suponer que los adversarios tienen afanes desestabilizadores. Dirigentes del partido gobernante, incluyendo a sus parlamentarios, con soberbia, prevalidos de su situación, insultan con desmesura.

La persecución política destroza la democracia, impone el temor, debido a la intimidación, utilizando al Órgano Judicial como garrote. La persecución en los regímenes socialistas del Siglo XXI tiene el propósito de hacer daño, con amenazas de uso de la fuerza pública, pues se trata de acosar a opositores. La persecución política consiste en acciones represivas, realizadas por un gobierno sobre un individuo o grupo con diferente forma de pensar o por determinadas características políticas”. Así sucedió con la persecución a Oscar Únzaga de la Vega, líder de FSB y sus jóvenes dirigentes, con una lamentable secuela de desaparecidos.

Los ciudadanos no toman en serio la persecución política hasta que les toca, es decir hasta que son perseguidos, hasta que la violación a los derechos consignados en la CPE los afecta, lo que es deliberadamente ignorado por las dictaduras.

La persecución política solo se evita con la vigencia de los elementos fundamentales de la democracia, como son la independencia de poderes, con un Órgano Judicial imparcial, el respeto a los derechos ciudadanos y no sometimiento al gobernante. Con un sistema político evitando continuismo indefinido, hasta pretender incluso dictadura, con prensa no asfixiada ni condicionada por la concesión de publicidad, y con libertad de expresión

Las persecuciones sangrientas en Cuba, Venezuela y Nicaragua son para controlar sociedades reducidas a la miseria. Al parecer tal conducta se ha trasladado a Bolivia, donde la persecución política se ha refinado, asumiendo la simulación democrática de la acusación judicial por supuestos hechos irregulares. Estas situaciones recurrentemente denunciadas por las víctimas dan lugar hoy a “la criminalización de la política”, a “judicialización de la represión”. Sirve para achacar a las víctimas los delitos que cometen los acusadores. Ahí están casos como Quiborax, donde por procuradores ineptos, el Estado pagó más de 42 millones de dólares a una empresa chilena.

Otros casos también han sido acompañados por declaraciones públicas realizadas por Evo Morales y Álvaro García Linera, con odio desmedido. Las víctimas de persecución política son acosadas con juicios.

//*REMY SOLARES ES ABOGADO, DIRIGENTE DE FALANGE SOCIALISTA BOLIVIANA //

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