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Lunes, 10 de Diciembre de 2018

Escribe: Carlos Armando Cardozo

“Gallinas regaladas”

OPINIÓN | 11 Jul 2018

“A precio de gallina muerta” fueron entregados el pasado martes 3 de julio alrededor de 450 pollos vivos en un acto de protesta realizado por la Federación Departamental de Productores Avicultores de Cochabamba en la plaza 14 de septiembre de la capital valluna.

La protesta surge a raíz del incremento en 50 dólares americanos la tonelada de soya, insumo que forma parte de la producción de alimentos de granja. En ese entendido dado que en nuestro país está vigente una “banda de precios” para los principales productos que hacen a la canasta familiar los cuales son determinados desde el Gobierno Nacional, la situación de los avicultores se torna difícil puesto que no solo debe asumir el nuevo costo sino también se ve duramente afectado por los criaderos ilegales de pollo que incrementan la brecha entre oferta y demanda actual en el país.

La política asumida por el Gobierno Nacional sobre la “regulación de precios” no es cosa nueva, recordemos que el 27 de junio de 2011 entra en vigor la Ley de Revolución Productiva con el objetivo de garantizar un precio justo tanto para el productor como para el consumidor. Los productos que en ese entonces iban a someterse a la disposición fueron el maíz, la papa, el trigo, la harina, la leche y la carne, entre otros. De ahí en más estuvo vigente la llamada “Banda de Precios” donde se irían sumando variados productos que hacen al día a día del ciudadano de a pie.

¿Es efectiva una medida de este tipo? Tanto la historia mundial como la historia nacional dan cuenta que el control de precios o “regulación” vigente en Bolivia no han tenido los resultados deseados. El gobierno de la UDP en los años 1982-1985 vivió uno de los episodios inflacionarios más dramáticos de la historia nacional, la “hiperinflación” trajo consigo múltiples frentes de conflicto a la clase gobernante, situación que obligó al Gobierno de ese entonces a implementar un paquete de medidas para hacer frente a la difícil coyuntura, entre la que se destaca el control de precios. De acuerdo a Juan Antonio Morales en su libro “Estudio Diagnostico Debate: precios, salarios y política económica durante la alta inflación boliviana de 1982 a 1985” llega a concluir, luego de hacer un análisis económico acerca del periodo hiperinflacionario de Bolivia, que los esfuerzos infructuosos para contener la alta inflación a partir de controles en algunos precios, produjeron una deformación de precios relativos, y generalmente de la estructura de incentivos. Esta medida trajo importantes repercusiones en la economía, que se tradujeron en caídas en la producción y el empleo. A medida que se ingresaba a la hiperinflación los precios relativos fueron corrigiéndose, solamente posibilitada por el surgimiento de una gran informalización de los mercados, es decir un mercado negro.

Esta conclusión trae al debate elementos fundamentales de analizar cuando se habla de la actual regulación de precios en Bolivia, la deformación de precios e incentivos. Como bien sabemos todos, menos el Gobierno, los precios imperantes en el mercado son puestos y aceptados por las fuerzas de oferta y demanda, los ofertantes construyen sus precios en base a una estructura de costos que requieren para producir determinado bien o dotar de determinado servicio. Ahora bien, en el mercado participan una infinidad de ofertantes, confederados, independientes, privados, industriales, etc. No existe un monopolio capaz de imponer un precio en desmedro de los consumidores, por tanto, en el mercado se enfrentan ofertantes a través del precio ofertado y será el consumidor final el que decida por cuál de los ofertantes inclinarse.

En un escenario donde las fuerzas del mercado determinan el precio, se generan incentivos para que los demás ofertantes puedan bajar sus costes de producción, a través de implementación de nuevas tecnologías, prácticas e innovaciones, para ser “competitivos” y por ende prosperar dentro del mercado en el cual se desenvuelven.

Son las libertades económicas las que impulsan a los productores a invertir, de cara a mejorar sus procesos y bajar sus costes, una suerte de dinámica que no tiene fin, y esto beneficia al consumidor final.

El Gobierno Nacional equivoca el camino al pretender imponer precios máximos y mínimos a través de sus “bandas de precios” porque no solo está condicionando a los sectores productivos a encasillarse en los límites que le establece el nivel central, sino que ahuyenta a posibles emprendedores de invertir y sumarse al mercado como un nuevo ofertante en sentido que el mercado se torna rígido en su estructura con márgenes de utilidad minúsculos.

Las políticas gubernamentales deben de dirigirse hacia los sectores informales, como los de la producción ilegal de pollos, para que estos cumplan con todas las obligaciones estipuladas por ley como licencia de funcionamiento, pago de tasas, impuestos, etc. Esto sin duda es una política para garantizar los precios justos, consumidores y productores serán los que al final definan el precio en el mercado, son las dinámicas de oferta y demanda las que posibilitarán un resultado favorable para ambas partes, mientras que el Gobierno asumiría medidas de control y regulación a las operaciones de aquellos que no se encuentren dentro de la legalidad.

El crecimiento económico del país se encuentra en juego, las excesivas regulaciones mandan señales negativas para esos pocos emprendedores que todavía tienen la consigna de invertir en Bolivia, hoy fueron gallinas, mañana ¿qué serán?

//*CARLOS ARMANDO CARDOZO LOZADA ES ECONOMISTA, MÁSTER EN DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO Y PRESIDENTE DE FUNDACIÓN LOZANÍA//

//**LOS TEXTOS REPRODUCIDOS EN ESTE ESPACIO DE OPINIÓN SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO COMPROMETEN LA LÍNEA EDITORIAL PLURAL – LIBERAL DE ESTE MEDIO DE COMUNICACIÓN// 

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