Escribe: Mónica Olmos Campos

“Culto a la personalidad”

Escribe Mónica Olmos Campos

OPINIÓN | 6 Jun 2018

Traigo en mente este tema hace semanas cuando una exautoridad oaxaqueña interesada en los liderazgos en Bolivia, hizo que le describiéramos aquel contexto. No pudimos evitar exponerle los retrocesos democráticos que significaban las denuncias de presunta corrupción en la Alcaldía de Cochabamba.

El hombre comenzó a preguntar; cuando le contamos detalles del caso Mochilas y el uso de los eslóganes previos a la licitación, con asombro pidió que le aclaráramos cómo la ley permitía que los morrales y los cuadernos llevaran el nombre del Alcalde, que aquello era asunto superado hace décadas en México y el resto del mundo. “Bueno, el gobierno también reparte computadoras con el rostro del Presidente y cada anuncio de obra y spot televisivo llevan el nombre de la autoridad”. Al exalcalde oaxaqueño le costó entender que permitiéramos que los servidores públicos usaran recursos del pueblo para promocionarse. “Sí, es cosa común en Bolivia”, comentamos.

Esta práctica que para muchos bolivianos es normal (tanto como los desfalcos en el Banco Unión para el Vicepresidente o los paros de la Planta de Urea para el Ministro de Hidrocarburos), está muy extendida, así, es raro que una obra más o menos importante no emplee la imagen, el nombre o ambos de la autoridad en función.

Varios países incluidos los vecinos sudamericanos, han normado hace tiempo esta práctica argumentando que no se pueden destinar fondos públicos en beneficio de una autoridad y/o partido político; por ejemplo, el Artículo 42 de la Ley de Ética del Funcionario Público argentino (1999), señala que “la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social no pudiendo constar en ella, nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos”. En Bolivia, la divulgación de la imagen de las autoridades es frecuente en propaganda televisiva, impresa y de calle, y en la mayoría de los casos no tiene otro fin que promocionarla.

¿Por qué el sistema permite que este dinero que se gasta en la promoción de la figura política no se invierta en salud, educación, seguridad o investigación, por ejemplo? ¿Por qué los bolivianos aceptamos que se destinen cientos de miles de dólares en gigantografías, afiches, fotografías, spots televisivos, artes de prensa, amenities, mochilas y demás propaganda dirigida a satisfacer la vanidad de la autoridad? ¿En qué nos beneficia que el Presidente, los Gobernadores y los Alcaldes impriman sus fotos o apellidos en cuanto letrero se financia con plata de todos? ¿Cuál es el propósito si no el de promocionarlos como si estuvieran en campaña electoral? ¿Cuándo se acabará la lógica caudillista que se esmera –con recursos de los bolivianos– en sostener el culto a la personalidad?

Lo más lamentable es que esta práctica intencionada y costosa pretende hacernos creer que la obra que se anuncia es gracias a la voluntad, favor y buen humor del político, incluso, hay autoridades que insinúan que la obra que acompaña su rostro es regalo suyo.

Los bolivianos debemos entender que las autoridades no son personas privilegiadas que se merezcan vivir bien con plata ajena; las autoridades son servidores públicos cuya responsabilidad consiste en trabajar para el resto y que si desean gozar de privilegios adicionales debe ser con sus propios recursos como cualquier mortal lo hace o intenta hacer.

No estamos en campaña electoral, no necesitamos que nos recuerden que cumplen (es su obligación), no necesitamos verlos en cada cuadra, parque, galpón polifuncional o kilómetro de carretera nueva, tampoco en las tandas publicitarias, amenities de baño de delegación deportiva ni en snacks de avión; necesitamos -en cambio- más médicos y enfermeras, profesores de gramática y ortografía, licenciados en matemáticas, abogados honestos, periodistas valientes, policías conscientes e importadores honestos.

Será saludable recordar que la Ley del Funcionario Público vigente (1999) así como su Reglamentación (2000) impiden al servidor público aprovechar su posición en beneficio propio o de su partido toda vez que prohíbe “utilizar bienes inmuebles, muebles o recursos públicos en objetivos políticos, particulares o de cualquier otra naturaleza que no sean compatibles con la específica actividad funcionaria”.

/*MÓNICA PATRICIA OLMOS CAMPOS ES COMUNICADORA SOCIAL Y DOCTORA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN/

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