DENUNCIARÁN COMO DELITO LAS AMENAZAS DE TOMA DE EMPRESAS PRIVADAS

Diputado cruceño se suma a los recursos para frenar Ley de Empresas Sociales / WEB

ECONOMÍA | 30 Abr 2018

VISOR BOLIVIA / Redacción Central.- La amenaza de tomar las empresas privadas que se encuentren bajo los parámetros para ser absorbidas por la nueva Ley de Empresas Sociales será denunciada ante el Ministerio Público, adelantó este lunes el diputado de Unidad Demócrata – UD, Gustavo Serrano. 

La anterior semana, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Rolando Borda, lanzó la amenaza para la toma de fábricas. “Queremos decirles a los empresarios que no nos provoquen a los trabajadores, porque si siguen con esa política insensible nos van a obligar a que tomemos las fábricas”.

Esas palabras son tomadas por el diputado opositor como un delito público que debe ser investigado por la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz.

La toma de empresas es un delito que además va contra la misma Constitución Política del Estado que garantiza la propiedad privada.

En paralelo, Serrano también anunció que se está preparando un recurso de inconstitucionalidad a esta normativa que se prevé sea promulgada por el mandatario Evo Morales este 1 de mayo, durante los actos del Día del Trabajador que se realizarán en Oruro.

“Creemos que esta ley afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos, ya que permite que los trabajadores tomen una empresa en proceso de cierre o en crisis económica, afectando así la economía del país. Haremos todo lo posible para revertirlo”, declaró, según reporte de Unitel.

Por su lado, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia – CEPB, Ronald Nostas, en un artículo de opinión, reiteró que la Ley de Creación de Empresas Sociales se elaboró sin consenso con el sector.

“La Ley de Empresas Sociales no solo desconoce la posibilidad de ejercer el derecho a la propiedad privada en sus dimensiones integrales, sino que además desconoce la función de los emprendimientos como fuentes generadoras de valor para la sociedad. Esta propuesta regulatoria no entiende que la empresa es una persona jurídica constituida como activos y pasivos que se explican unos con otros y que no pueden desmembrarse como parcialidades”, escribió.

El oficialismo ha negado que la nueva ley vaya a hacer tomada por los trabajadores para hacerse de todas las empresas que tienen un proceso de liquidación o que están en quiebra, mediante concurso preventivo, cierre o abandono injustificado.

“Hay que explicar que este proyecto de ley surge de un mandato constitucional que establece claramente que, con el propósito de salvaguardar las fuentes de empleo de los trabajadores en casos de quiebras, de liquidaciones o de concursos de acreedores, o eventualmente en casos de abandono o cierre de empresas de manera injustificada, se les da la posibilidad a los trabajadores de avanzar hacia la creación de una empresa social”, explicó el presidente del Senado, José Gonzáles horas antes de la aprobación de la norma, el jueves pasado.

Nostas, a su vez, concluyó su nota anunciando que se interpondrán todos los recursos para evitar que se afecte la propiedad privada y las empresas nacionales.

“En esta perspectiva, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, asume que la Ley de Empresas Sociales, en su actual redacción, constituye una peligrosa herramienta para afectar los derechos a la propiedad privada y la libertad de empresas, por lo que se ha decidido impugnar su contenido ante las instancias jurídicas que corresponden”.

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