FAMILIAS DE “OCTUBRE NEGRO” VOLVIERON AL PAÍS TRAS FAVORABLE VEREDICTO

Los abogados Mayta y Becker junto a los sobrevivientes de octubre negro / CAPTURA FIDES

SOCIEDAD | 5 Abr 2018

VISOR BOLIVIA / Redacción Central.- Las familias de las víctimas y los sobrevivientes de la denominada masacre de octubre, retornaron al país este jueves con el pedido de que el juicio penal contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín sea activado a través de una solicitud de extradición de parte del Estado boliviano.

Los abogados y los delegados de los nueve demandantes que estuvieron durante más de un mes en la Florida, para ser parte del juicio civil por “Octubre Negro”, ya en el aeropuerto internacional de El Alto, recibieron el apoyo y la felicitación de los afectados por aquellos luctuosos hechos acaecidos en 2003. 

Con la consigna “ni olvido, ni perdón, justicia para los alteños”, los abogados Rogelio Mayta y el norteamericano Thomas Becker, encabezaron la comitiva triunfante, luego del veredicto del jurado dictado el martes en la Corte Federal de Lauderdale, que encontró responsabilidades en Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín por la muerte de 60 personas y los 400 heridos en las acciones de hace casi 15 años.

Calificaron el veredicto como un triunfo de la justicia y prevén que el juez James Cohn confirme ese veredicto en la sesión informativa convocada para el 4 de mayo. En caso de un fallo positivo del juez, “Goni” y “zorro” Berzaín deberán cancelar 10 millones de dólares a las víctimas de la “masacre del gas”, que extraoficialmente, se conoce se repartirá en un fondo común para las 65 personas afectadas registradas en la Asociación de Víctimas.

El caso, sin embargo, no quedará en esa instancia, pues estos representantes de las víctimas reclamaron acciones concretas del Estado boliviano, pues con este antecedente se puede activar el proceso de extradición de ambos exdignatarios para el juicio penal que está pendiente en Bolivia.

Consultado por Erbol sobre el particular, Becker dijo que ese es un tema que se debe manejar entre ambos gobiernos, de Bolivia y de EEUU, y que ellos como abogados solo harán el seguimiento a dicha petición.

“Nadie nos ha ayudado, como pobres hemos ido y hemos buscado justicia”, declaró Juana Valencia, esposa de uno de los fallecidos, a tiempo de exigir que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín sean encarcelados en el penal de Chonchocoro del altiplano paceño.

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