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Martes, 18 de Enero de 2022

DEFINICIÓN DE JUICIO POR “OCTUBRE NEGRO” SE ESPERA PARA ESTA SEMANA EN EEUU

SEGURIDAD | 26 Mar 2018

VISOR BOLIVIA / Redacción Central.- Queda poco para cumplirse las cuatro semanas programadas en el juicio civil que llevan las víctimas de “octubre negro” contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín en la corte Federal de Fort Lauderdale, al sur de la Florida.

El caso será definido por diez jueces ciudadanos y el juez norteamericano James Cohn, posiblemente antes del fin de semana, pues la etapa de presentación de cargos y descargos a través de ambas partes concluyó el anterior jueves.

Entre algunas revelaciones mediáticas, en los últimos días se conoció, por ejemplo, que la muerte de la menor Marlene Rojas, de ocho años, se produjo por impacto de una bala de calibre 7,65’’ de un fusil Máuser en la intervención militar en el bloqueo de Warisata. La bala perdida hirió de muerte a la pequeña, sobrina del actual ministro Eugenio Rojas, que quedó desangrada en manos de su madre, quien dio testimonio en la Corte de EEUU.

Asimismo, la versión del exministro de Defensa del Movimiento Nacionalista Revolucionario – MNR, explicó que durante el rescate de turistas de la localidad de Sorata no hubo disparos de fuego desde el helicóptero Hércules, que era el único que poseía la Fuerza Aérea como nave de reconocimiento, sin equipamiento de armas. Testigos presenciales aseguraban que hubo disparos cuando Sánchez Berzaín salía de la zona de conflicto en lo que se conoció después era una emboscada preparada por el dirigente campesino Felipe Quispe “el Mallku”.

En ambas figuras se descartaría la responsabilidad militar, pues en el primer caso las FFAA desecharon para 2003 los fusiles Máuser que quedaron en posesión de sectores campesinos luego de la Revolución de 1952. En el caso del helicóptero, esta nave solo tenía capacidad para cuatro personas, dos tripulantes y dos pasajeros, sin posibilidad de abrir ventanas, menos poder disparar desde el aire.

A esos datos se suma la versión del excomandante de la Fuerza de Tarea Contraterrorista Conjunta – Chachapuma, Nelson Flores, quien declaró ante el jurado que desde el Estado Mayor se hacían esfuerzos para continuar con el conflicto y la masacre que terminó con al menos 60 vidas entre septiembre y octubre de 2003.

Flores apuntó al entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, César López, porque “parecía que quería agravar la crisis”. López fue luego director de la Aduana Nacional y fue mano derecha del exministro de la Presidencia y actual embajador en Cuba, Juan Ramón Quintana, al menos hasta que ambos quedaron confrontados por el escándalo de los 33 camiones de contrabando.

Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín deslindaron su responsabilidad ante el mando militar de entonces. “Goni”, quien habló del tema por primera vez en estos casi 15 años, dijo que “la historia siempre la escriben los vencedores” y volvió a apuntar a los entonces dirigentes sociales, sobre todo de la ciudad de El Alto, como responsables de la desestabilización y convulsión social que terminaron con su gobierno.

En otra línea mediática, que no fue parte del juicio, la responsabilidad militar quedó asentada por parte de una declaración del exembajador de EEUU en Bolivia, David Greenlee, que fue prohibido de atestiguar por mandato del Departamento de Estado.

Greenlee concedió una entrevista a la Asociación de Estudios Diplomáticos de EEUU en enero de 2007, en la que habló de indisciplina militar.

“La escolta militar chocó con la gente que protestaba. Hubo sin duda falta de disciplina de parte de los militares. La gente fue muerta, al menos en un número de doce en ese incidente. Hubo otros incidentes antes y después y el recuento de muertos subió a 56. (…) El momento de inflexión fue el incidente del convoy de gasolina. A partir de ahí, la clase media, la prensa y parte de la Iglesia se volcaron en contra de Sánchez de Lozada”, cita parte de la entrevista rescatada pero el diario cruceño El Deber.

Con todo, en caso de que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín reciban un fallo contrario, tendrán que indemnizar a las nueve familias que emprendieron el juicio, patrocinados por el abogado Rogelio Mayta y el estadounidense Thomas Becker junto a un bufete relacionado a los DDHH.

El siguiente paso podría ser la petición de extradición de ambos exdignatarios que la administración de Evo Morales no pudo activar por su contrastante relación con EEUU. Un falo a favor de “Goni” y “Zorro” derivaría en nuevas responsabilidades contra militares, dirigentes sociales u otros actores protagonistas de la masacre de 2003.

//@VisorBolivia//

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