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Sábado, 15 de Junio de 2024

Privados de libertad benefician con sus informes a delincuentes con sentencia

ESPECIALES | 30 Ene 2022

VISOR21.- Informes benevolentes y positivos son elaborados por los propios privados de libertad para otorgar beneficios penitenciarios y medidas alternativas a personas con sentencia que logran salir de las cárceles o acortar sus penas. Jueces, policías y Régimen Penitenciario son parte de este circuito, sostiene el abogado Ramiro Llanos.

El juez Rafael Alcón se encuentra detenido bajo la figura de presunto prevaricato. La indignación de la sociedad por el caso del psicópata sexual Richard Choque, fue utilizada por el Gobierno para buscar un “chivo expiatorio”, pero sin entrar al fondo del problema, afirma el exdirector de Régimen Penitenciario.

Llanos explica a @Visor21 que este tipo de resoluciones dictadas por los jueces, obedecen a los informes que remiten los centros penitenciarios a juzgados, y que son elaborados por los propios internos, con la firma de las trabajadoras sociales y médicos, que no tienen ningún poder de control u objeción ante los delegados de las cárceles.

“Cuando una persona es sentenciada inmediatamente debe pasar a un nivel de clasificación y los del equipo multidisciplinario, dónde está el médico, la trabajadora social, se reúnen y elaboran un plan de vida, un diagnóstico criminal y determinan si esta persona puede volver a cometer un delito o está en un nivel de socialización mayor para que se le traslade a un sector de convivencia en los recintos penitenciarios”, explica el abogado.

Sin embargo, aquello solo se aplica en teoría, pues en las cárceles actualmente conviven sentenciados con preventivos y los informes de estos equipos multidisciplinarios solo son formalidades en papel, pues quienes en realidad "mandan" en los recintos son los propios representantes de los privados de libertad.

TARJETAS PARA SALIDAS

En las cárceles se manejas las Tarjetas de Control Penitenciario en Educación y Tarjetas de Control Penitenciario en Trabajo, que manejan y controlan los mismos internos, según confiere la Ley de Ejecución Penal y Supervisión 2298 y su reglamento.

Llanos explica que quienes anotan cuántas horas ha estudiado o trabajado un privado de libertad son los delegados y esos informes para acceder a los llamados beneficios penitenciarios son firmados por las trabajadoras sociales, para luego llegar al Juez de Ejecución Penal correspondiente.

“Entonces acá no hay control, no se sabe si estas personas realmente están trabajando o estudiando, porque son los mismos privados de libertad quiénes elaboran los documentos y los informes y si la trabajadora social observa estos detalles la insultan, la amenazan. El juez elabora sus resoluciones con base en estos papeles que elaboran y aprueban los propios internos”, remarca.

Las salidas personales son emitidas mediante resolución fundada, según el artículo 109 de la Ley 2298, en los casos de: “1. Enfermedad grave o fallecimiento de los padres, cónyuge o conviviente, hijos y hermanos; 2. Nacimiento de hijos del interno; 3. Realización de gestiones personales que requieran la presencia del interno en el lugar de gestión; 4. Gestiones para la obtención de trabajo y vivienda ante la proximidad de su puesta en libertad; y 5. Cuando haya sido otorgado como recompensa por el Consejo Penitenciario”.

JUEZ ALCÓN, EL “CHIVO EXPIATORIO”

El juez Alcón, día antes de ser arrestado y luego detenido, explicó a la red Bolivisión que emitió la resolución 890/2019 en beneficio de Choque, porque evaluó los informes y antecedentes del sentenciado, derivados del panóptico de San Pedro.

“Se le ha concedido detención domiciliaria temporal, como beneficio penitenciario, para que vaya al médico. Todos los argumentos están en la resolución, en el cuaderno de investigaciones y entre los requisitos que exige la ley está que sea una enfermedad crónica o incurable como es la diabetes que él presentó”, declaró el juez.

Parte de esa resolución citó: “Tomando en cuenta que en los recintos penitenciarios no existen la infraestructura necesaria para atender las enfermedades como las que padece el incidentista, al contrario existe un excesivo hacinamiento, es procedente en parte, la concesión de la detención domiciliaria a favor del incidentista”.

Según los antecedentes analizados, el psicópata también demostró “buena conducta” en el penal, tanto así que obtuvo las llamadas “recompensas” con salidas de hasta por 24 horas.

“Las leyes de ejecución penal son un poco benévolas, pero nosotros como jueces las debemos hacer cumplir, sobre todo en su reglamento de la Ley 2298”, acotó Alcón, que actualmente se encuentra aislado en el mismo penal de San Pedro, en calidad de detención preventiva, por haber firmado esa resolución.

Llanos considera que Alcón será “crucificado”, pero no se investigará más allá, en otros cientos de casos similares, en los que “corren los washingtones”, en referencia a los cobros en dólares que se manejan en este circuito carcelario judicial.

“Existe mucha corrupción y tan solo basta ver los patrimonios y propiedades que ostentan estas autoridades judiciales. Solamente para bajar de Chonchocoro y ser trasladado a San Pedro corren los dólares o entregan sus casas o bienes a estas autoridades, entonces se debería investigar los patrimonios de este tipo de jueces que se enriquecen mediante la corrupción en las cárceles”, exhortó el abogado y docente universitario.

INFORMES MÉDICOS FALSOS

El psicópata, a través de abogados, había presentado un informe médico que señalaba diabetes y enfermedad crónica y terminal. Incluso se especuló con cáncer de estómago, cuando se trataba de una gastritis crónica.

El exdirector de Régimen Penitenciario aclara que los informes médicos realizados dentro de las cárceles son elaborados por médicos generales y sirven solamente para otorgar salidas de emergencia a los internos. Las evaluaciones hechas por especialistas, elevadas por hospitales de convenio que tiene el sistema penitenciario, son las que llegan a conocimiento del juez, que debe llevar, además, la firma del gobernador del recinto carcelario.

El abogado John Tapia, representante de la familia de la primera víctima de Choque, se enteró de la liberación del criminal por los medios de comunicación, porque no se le remitió ninguna notificación, pese a que el juez Alcón afirma haber hecho esas diligencias. El abogado se notó extrañado por el argumento del supuesto cáncer gástrico que dijo padecer Choque.

En tanto, otro abogado, que declaró a Unitel en reserva, informó también que hechas las indagaciones, se conoce de otros ocho sentenciados que fueron beneficiados por ese Juzgado, con similares características en sus informes médicos.

Asimismo, Llanos recuerda que un reciente estudio elaborado por la Universidad Pública de El Alto (UPEA) confirmó que existen al menos 500 privados de libertad que fueron beneficiados con detención domiciliaria sin ningún tipo de custodia o control en los últimos años, con base a estos informes benévolos que se elaboran dentro de las cárceles del país.

VIDAS PERDIDAS

Lucy Ramírez e Iris Villca fueron las víctimas de un psicópata sexual que debió permanecer encarcelado, por una sentencia de 30 años sin derecho indulto que se le dictó por el asesinato de una joven en 2013. Sin embargo, ambas adolescentes de 15 y 17 años tuvieron la desgracia de caer en manos de Richard Choque.

Choque fue beneficiado con un recurso de incidente de detención domiciliaria para seis meses que firmó el juez de Instrucción Penal, Rafael Alcón, en diciembre de 2019, a menos de seis años de condena de los 30 que el delincuente debía cumplir por haber acabado con la vida de Blanca Rubí.

El psicópata sexual, calificado así por los peritos de criminalística de la Policía, fue denunciado hace unas semanas por siete mujeres bajo la figura de abuso, violación y extorsión, además de proxenetismo y pornografía, pues en sus 13 meses en libertad, Choque se dedicó a contactar a mujeres, sobre todo adolescentes, mediante el perfil falso de “Haide Mitzi Flores Alarcón” en Facebook.

Su modus operandi era contactar a las mujeres, ofrecerles ingresos como damas de compañía y montos extras de Bs 5.000 si entregaban un paquete a los supuestos “clientes especiales”. Una vez convencidas, el psicópata las citaba en alojamientos y llegaba disfrazado de policía, con una placa oficial y un arma reglamentaria que obtuvo de un reo durante sus días en Chonchocoro. Ya en la habitación, el sujeto plantaba los paquetes de cocaína, que era en realidad una mezcla de polvos de medicamentos, para comenzar su extorsión y abuso.

Choque filmaba a las mujeres con un reconocimiento de culpa por traficar drogas, además de señalar que “el oficial” encargado del operativo, aludiendo a él mismo, se había “portado bien” y no tenía “ninguna responsabilidad” en el caso. Su forma de planificar el acto era evidente y consciente y se presume que actuó así con 77 personas con las que tuvo este tipo de contactos.

Luego, enfundado como falso policía procedía a obligar a las mujeres a tener relaciones sexuales para dejarlas libres.

LA CASA DE LA MUERTE

En el caso de las adolescentes víctimas de feminicidio, el sujeto las "enamoró", las retuvo y las llevó a su vivienda en la zona Ballivián de la ciudad de El Alto para abusar de ellas, asesinarlas con golpes en la cabeza y finalmente enterrarlas en su extenso patio entre pasto, tierra y adobes. Lucy había desaparecido en mayo e Iris en agosto de 2020.

Sin embargo, el delincuente también procedió a extorsionar a las familias de las víctimas, enviando mensajes que pedían rescate por 60 mil dólares. Mediante mensajes por WhatsApp, Choque mandaba fotos de las jóvenes desnudas y luego otras imágenes de cuerpos descuartizados amenazando que ellas correrían la misma suerte si no se cumplía su demanda. “No creo que quieras ver así a tu hija”, transcribió el psicópata.

Las familias recurrieron a la Policía, pero en ambos casos se les dijo que “debe ser un autosecuestro” o que las jóvenes “seguro se escaparon con sus enamorados”. Ninguna investigación avanzó hasta este 21 de enero, cuando quedó detenido por las constantes denuncias de proxenetismo y extorsión.

Luego de la revisión de antecedentes, la Policía confirmó que el sujeto tenía una sentencia condenatoria y que debió haber retornado a su celda en mayo pasado. Las investigaciones confirmaron que Choque había asesinado a Blanca Rubí en noviembre de 2013, luego de violarla y obligarle a tomar sustancias químicas para luego enterrarla en la vivienda donde habitaba anteriormente, en la zona San Martín, también en la urbe alteña.

De ese caso, Choque actuó con un cómplice, José Luis Casilla, e incluso se nombró a una tercera persona que participó en la violación. La familia de la víctima había dejado un señuelo del dinero exigido en una jardinera de la avenida 6 de Marzo, cuando la Policía procedió al arresto de los sujetos. No se descarta la participación de este sujeto, que fue liberado en 2013 por "falta de pruebas" en los recientes casos de feminicidio. 

El abogado de la familia de Blanca Rubí, John Tapia, recordó que entonces el sujeto se declaró culpable y se acogió a procedimiento abreviado. Pero también reveló que la madre del psicópata, una profesora vecina de la zona Ballivián, había ofrecido una de sus propiedades para reducir a la mitad la condena de 30 años, situación que el jurista rechazó.

El frontis de la vivienda fue quemada por los vecinos de Ballivián al reconocer en la televisión que el psicópata era su vecino. Prendas de vestir, ropa íntima de mujeres, documentos universitarios, anillos de promoción, dinero y otros objetos fueron encontrados por la gente enardecida. Una joven reconoció el mandil y gorro de chef de su padre, que vivía al frente de esa casa, y que desapareció en 2019. "Mi papá debe estar enterrado en ese patio", declaró afligida.

PSICÓPATA Y FEMINICIDA     

Todo el perfil criminal de Richard Choque confirma que actuó en cada caso sin piedad, con total conciencia de sus actos y por un deseo sexual y fetichista incontrolable. La psicóloga Marinéz Salazar aclaró en radio Compañera FM, que la psicopatía no es causa para alegar una enfermedad mental y menos para tratar de minimizar la pena o responsabilidades del sujeto en estos crímenes. 

Choque fue remitido al penal de San Pedro, pero los internos lo declararon persona no grata, que implica no hacerse responsables de su seguridad dentro del panóptico, pues los privados de libertad muchas veces hacen “justicia por mano propia” en este tipo de casos que impactan a la sociedad por los niveles de sadismo y crueldad.

En tanto, la Policía comenzó a realizar el rastrillaje en la vivienda del delincuente confeso, para confirmar si existen más víctimas fatales como las ochos que reveló Choque en la entrevista con el criminólogo Emilio Vizcarra, que lo evaluó la anterior semana.

El detenido, al final, fue trasladado a Chonchocoro con la imputación de proxenetismo, pornografía y trata de personas, figuras que quedarán en archivos, pues la condena pendiente de 30 años arrastra a las penas menores y así, Choque podrá volver a las calles en 2043 o antes.

//@Visor21//

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