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2021: el año de las denuncias de tráfico, avasallamientos y violencia por tierras en Bolivia

ESPECIALES | 25 Dic 2021

El 28 de octubre, un grupo de encapuchados atemorizó, amenazo, disparó y secuestró a policías y periodistas en Las Londras

ANUARIO ANF.-  Ocurrió el 13 de abril de este año. El hasta entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo Villegas, fue detenido en una calle céntrica de la ciudad de La Paz cuando recibía un soborno de 20.000 dólares para el favorecimiento en un proceso de saneamiento, titulación y entrega de tierras en el departamento de Santa Cruz.

Este nuevo escándalo por temas de tierras en el país derivó en la imputación contra Characayo, y el exdirector nacional de Tierras de ese ministerio. Además, tras las investigaciones y datos de Ministerio de Gobierno se conoció que ambas exautoridades, funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y dirigentes de la localidad de San Julián tenían planificado dividirse medio millón de dólares para viabilizar un saneamiento irregular de tierras.

Tras este conflicto, nuevamente se puso en la mesa de debate las permanentes denuncias a diferentes administraciones estatales sobre el manejo y tráfico de tierras, particularmente en el oriente del país.

El 15 de abril, a través de una carta abierta, la Fundación Tierra demandó una intervención al INRA y que se paralicen los trámites de asentamientos con antecedentes de tráfico de tierras.

En este pronunciamiento, la fundación denunció que el tráfico de tierras se fue intensificando desde el 2011, con una alianza entre exfuncionarios y funcionarios públicos para falsificar expedientes agrarios y titulaciones.

“Lo primero es garantizar transparencia y hacer auditorías al INRA, porque se ha convertido en un nido de corrupción gigante y la única manera es congelar esto (titulación y saneamiento) y eso no se está haciendo, porque sigue funcionando entregando tierras y tramitando documentos falsos”, dijo el ex director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque.

Además de las auditorías al INRA, desde esta organización se puso de manifiesto la existencia de “comunidades fantasmas” bajo el poder de traficantes que se hacen llamar dirigentes campesinos, indígenas o los conocidos interculturales.

Marcha indígena contra los avasallamientos

En el marco de la denuncia de avasallamiento y de tráfico de tierras, en septiembre de este año, indígenas de pueblos de los departamentos de Beni y Santa Cruz iniciaron una marcha contra estos hechos y exigiendo a las autoridades nacionales, departamentales y municipales pongan un freno a la expansión ilegal dentro de sus territorios.

“Este es un mandato de los hermanos de la histórica marcha de 1990. Luego de un cabildo indigenal se decidió esta marcha por la defensa de nuestros territorios que están siendo avasallados permanentemente en los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija”, dijo a ANF, Abdón Justiniano Cujuy, presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, (CPIB – Orgánica).

La denuncia de los marchistas de tierras bajas fue directamente contra los denominados interculturales, que según ellos invadieron muchos de sus territorios generando deforestación, tráfico de manera y actividades extractivas.

El 5 de septiembre un grupo de personas de los denominados interculturales o colonizadores intentó cerrar el paso de forma agresiva a esta XI marcha indígena en “Defensa de su Territorio y su Identidad”

“En el sector de la Amazonía estamos enfrentando un neocolonialismo, con el avance de la frontera extractivista. Se usan estos proyectos de gran envergadura para lograr un control y dominio de los territorios indígenas y lo que se hace es despojar a los indígenas de su tierra y territorio con la excusa de desarrollo, y por eso se exige el respeto a nuestros derechos fundamentales” dijo a ANF, el líder indígena y representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), Álex Villca.

Pero tras más de un mes de marcha y dos meses de permanencia en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, este grupo de marchistas retornó a sus regiones sin la atención de las autoridades y en medio del apoyo de la ciudadanía y de diferentes colectivos.

Amenazas, secuestro y balacera en Las Londras

Uno de los hechos más polémicos y violentos por conflictos de tierras este año fue el que sucedió el 28 de octubre. Un grupo de encapuchados atemorizó, amenazo, disparó y secuestró a policías y periodistas en Las Londras, en el municipio de Guarayos, Santa Cruz.

Se trató de un operativo de control sobre avasallamientos y toma de predios. Mientras los periodistas y policías realizaban su trabajo, desde los pajonales salieron encapuchados y armados con pistolas de 9mm se declararon dueños de las tierras en disputa que están en la zona de expansión soyera a lo largo del río Pailas del municipio El Puente.

“Después de secuestrar a los periodistas por siete horas y obligarlos a firmar un ‘acta de compromiso’, los cabecillas se escondieron en San Julián bajo la protección del poder político local”, detalla Gonzalo Colque.

Las imágenes que lograron captar los medios y los relatos de las víctimas dan cuenta de hombres armados apuntando directamente a los periodistas y amenazándoles.

Se habló que se trataba de supuestos campesinos, sin embargo, Colque afirma que en realidad suplantan la identidad de los campesinos pobres de la zona andina para beneficiarse con la dotación de tierras fiscales o son ocupantes ilegales tramitando personerías jurídicas para la creación de nuevas comunidades.

“En Las Londras fundaron, al menos, tres comunidades: 24 de septiembre, Chuchial Bañadito y Los Tigres. Los miembros de estas comunidades no son los ponchos rojos o los campesinos e hijos de campesinos sin tierras viviendo en la ciudad de El Alto, sino colonos soyeros y sus allegados que ya tienen tierras, pero que pretenden adueñarse de, al menos, 50 hectáreas por persona, cuyo precio de mercado ronda los 200 mil a 300 mil dólares dentro de esta zona influenciada por la agricultura mecanizada”, agrega el investigador.

Este hecho generó repudio de sectores de la prensa, organizaciones y Derechos Humanos, por la excesiva violencia, los delitos cometidos y el miedo generado en la región, sin embargo, hasta esta fecha las investigaciones aún no avanzan y sólo se tiene un detenido y las ordenes de aprehensión y allanamiento no se ejecutaron para los demás involucrados que se ven claramente en las imágenes y que también revelan conexiones con funcionarios y ex funcionarios del INRA.

“La gran mayoría de los bolivianos no somos traficantes de tierras; en consecuencia, podemos y debemos someter al escrutinio público todos los hechos de corrupción, en especial de quienes lucran, juegan con la violencia armada y abusan de su poder económico y político”, se destaca desde la Fundación Tierra a propósito de este y otros conflictos por tierras en Bolivia. 

//FUENTE: ANF//

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