Tomas y paralelismo, el modus operandi del masismo para quebrar a las instituciones civiles

Foto agencias

SOCIEDAD | 17 Dic 2021

VISOR / Redacción.- Este viernes, en Santa Cruz, se produjo una protesta ciudadana contra la pretendida creación del “Comité Cívico Popular” que sería el ala masista para quitar representación al Comité Cívico Pro Santa Cruz. En tanto, la entidad de Derechos Humanos y su presidenta ya reciben amenazas de toma, proceso y muerte.

La sede de la Cámara departamental de la Pequeña Industria y Artesanía (Cadepia) de la capital oriental fue rodeada por un grupo de vecinos activistas que con carteles y banderas rechazaban la presencia del exmandatario Evo Morales, tal como había anunciado la dirigente de los denominados Comités Cívicos Populares de Bolivia, Rosana Molina.

Un contingente policial llegó a la zona para reprimir a los activistas, primero impidiendo acercarse a la casona y luego con gasificación.

La diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, deploró el uso de la fuerza policial para precautelar la seguridad de un jefe político y señaló al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, de ser “niñero de Evo Morales”. El líder masista había s ido invitado al aniversario de Cadepia.

Los vecinos, a su vez, rechazaron esos anuncios sobre la conformación de un comité popular en Santa Cruz.

En la sede de gobierno, también se activaron acciones que apuntan con tomar otra entidad civil que hoy es contraria al Movimiento Al Socialismo (MAS), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).

En acto desarrollado en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), organización aliada al masismo, el vicepresidente de la APDHB, Edgar Salazar, dijo que se conformará una nueva directiva para reemplazar a Amparo Carvajal, pues su mandato feneció y ella “debe dejar la institución”.

“Las determinaciones de hoy, del congreso ordinario de la APDHB han de ser muy importantes para que el nuevo directorio asuma responsabilidades dentro del contexto nacional y, obviamente, dentro del contexto internacional, buscando alianzas con organismos internacionales de derechos humanos para sumar fuerza”, declaró.

A ese congreso, denominado paralelo por Carvajal, asistió el representante de la Asamblea en El Alto, David Inca, conocido por impulsar las demandas de las llamadas “víctimas de Senkata”, que hasta la fecha han logrado millonarios compromisos de remuneraciones desde el Gobierno central.

Desde Tarija, la representación departamental de DDHH remitió un comunicado para rechazar ese congreso de afines partidarios, en alusión al masismo.

“El Comité Ejecutivo de la APDH departamental Tarija expresamos nuestro enérgico rechazo al intento de cooptación de la APDHB, aparentemente por intereses personales y con trasfondo político partidario, siendo este uno más de los varios intentos y ataques a la única organización defensora de los derechos humanos objetiva, imparcial e independiente de Bolivia”, cita la nota firmada por Yolanda Herrera.

Amparo Carvajal fue más concreta y acusó a esa dirigencia militante de tratar de tomar la APDHB, pero también de verla muerta.

“Esta gente no quiere verme fuera de la presidencia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ellos me quisieran ver muerta”, declaró a ANF.

La octogenaria activista es blanco de permanentes agresiones masistas que no respetan su condición de mujer ni su avanzada edad.

Los argumentos del masismo son que Carvajal “nunca se pronunció sobre las masacres de Senkata y Sacaba”, que es su narrativa para descalificar a cualquier opositor al régimen de Luis Arce.

Carvajal declaró en varios medios que ella estuvo en El Alto, los días de la convulsión social de noviembre de 2019, incluso habló con las madres de los fallecidos; asimismo, ella fue a dar encuentro a la marcha alteña cuando bajaron dos ataúdes hasta el obelisco paceño, pero el discurso oficialista es descalificarla e incluso señalarla de “asesina y golpista”.

La estrategia del MAS para quebrar a las instituciones de la sociedad civil tiene antecedentes en casos como la conformación de un Consejo Nacional de Markas y Allyus del Qullasuyu (CONAMAQ) en 2010 o la reciente toma de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (ADEPCOCA). Lo mismo sucede con las entidades vecinales a nivel nacional que se dividieron en la era Morales en Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) “orgánicas” y “paralelas”.

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