Gremios nacionales se reagrupan y exigen abrogación del “paquetazo masista”

Gremiales, jubilados, esposas de policías y transporte, entre otros sectores alistan medidas para la próxima semana / WEB / MONTAJE

SOCIEDAD | 15 Oct 2021

No son los políticos quienes exigen la abrogación de esas leyes, sino las organizaciones sociales como choferes, gremiales, jubilados, policías 

VISOR BOLIVIA / Redacción.- Tras el retiro del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, los gremios organizados del país ahora exigen que el régimen masista abrogue el denominado “paquetazo” de cinco normas que se aprobó en la Asamblea Legislativa durante los últimos meses.

Ayer, el gobierno de Luis Arce anunció que se dejaba sin efecto el tratamiento de la polémica ley antilegitimación, argumentando que hubo falta de información y acusando a la oposición política y cívica de querer “confrontar al país y dar un segundo golpe”.

Sin embargo, no son los políticos quienes ahora exigen la abrogación del paquetazo masista, sino las organizaciones sociales como choferes, gremiales, jubilados, policías y en breve también los comités cívicos que se reunirán para asumir una postura ante estos pedidos de la población.

El ejecutivo de los gremiales Francisco Figueroa informó desde Cochabamba que el encuentro programado para este viernes se desarrolla con normalidad, porque más allá de la ley antilegitimación, las observaciones de ese sector recaen en las otras normas conexas.

Por ello, apuntó, se ratifica el paro de 48 horas para este lunes y martes, además de analizar nuevas medidas de presión como una huelga de hambre masiva en los nueve departamentos. “No serán piquetes de cinco o diez personas como antes”, anticipó.

Las normas objetadas por la sociedad civil son la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, Ley 1390 de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción, ambas promulgadas por Arce en agosto; además la Ley 1359 de Emergencia Sanitaria, Ley 1387 de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana, y Ley 1398 de Registro de Comercio.

El representante de la Confederación de Jubilados Rentistas de Bolivia, Rodolfo Ayala, también advirtió con medidas de presión contra el Gobierno porque el sector entiende que estas normativas no fueron dialogadas con la ciudadanía y son vulneratorias a las libertades individuales.

“El presidente no puede estar actuando de forma autoritaria, porque el Gobierno puede investigar actos ilícitos, eso está bien, pero no puede meterse en la vida privada de los bolivianos. Se tienen que anular esas leyes”, declaró a Fides.

En tanto, las esposas de Policías de bajo rango también reiteraron su desacuerdo con la Ley de Ascensos que se promulgó recientemente y que puso al Ministerio de Gobierno como cabeza de evaluación y dirección del verde olivo.

Desde El Alto, los sectores de gremiales y choferes todavía analizan si se sumarán a las movilizaciones de la próxima semana, porque las figuras de presunción de culpabilidad, la incautación de bienes o congelamiento de cuentas están dentro de la “hoja de ruta” que implica la Ley 1386.

Quienes sí se pronunciaron a favor de la abrogación de la “madre de todas las leyes”, como calificó el ejecutivo de radiotaxis de Santa Cruz, Carlos Mamani, fue ese gremio de transporte público.

“Pedirle al presidente Luis Arce que anule la Ley 1386 que está promulgada, aprobada y está en la Gaceta Oficial, tiene que anular esa ley porque esa es la madre de todas las leyes, incluso del proyecto que se ha anulado ayer”, señaló Carlos Mamani, ejecutivo de los radiotaxistas de Santa Cruz.

En declaraciones a ANF, el ejecutivo del Transporte Internacional, Marcelo Cruz, dijo que estas normativas solamente afectan al sector productivo y por ello el gobierno debe dejar de ver el tema como político y analizar las consecuencias económicas que traerán.

“Tienen que darse cuenta que no es una situación política o de capricho, tienen que darse cuenta que ellos están gobernando a todos los bolivianos y esta ley afecta al 80 por ciento del movimiento económico, a todos los sectores”, declaró Cruz.

Finalmente, entre los muchos sectores organizados que exigen la anulación y abrogación del paquetazo masista están los cívicos.

El presidente cívico de Beni, Alonso Mejia, anunció una reunión del comité nacional para este fin de semana, pero adelantó que su departamento rechaza esas normativas y espera que las movilizaciones, como un nuevo paro cívico, sean ratificadas para luchar contra el gobierno de Arce.

En tanto, el presidente coyuntural, en un acto oficial en Tarija, simplemente se animó a descalificar a los “sectores golpistas” que quieren buscar “impunidad” por las “masacres de 2019”.

El toque político lo dio el jefe de bancada en Diputados de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, quien presentó un "proyecto de ley para abrogar la Ley 1386", además de cuestionar las nuevas atribuciones que adquiere la Unidad de Investigación Financiera (UIFD) tal como estaba planteado en el proyecto de ley antilegitimación.

“Esta estrategia en la mayoría de su contenido tiene que ver con leyes futuras como la que en ha retirado el día de ayer, pero hay un punto que es que es directamente operativo y que no requiere una ley y que precisamente se refiere al sector informal de la economía”, dijo.

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