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Domingo, 28 de Noviembre de 2021

Escribe Hugo Balderrama

El TIPNIS: otra muestra de colonialismo cocalero

OPINIÓN | 1 Oct 2021

Al comenzar la última década del siglo 20, como consecuencia de la caída de la URSS, muchas de las pandillas socialistas quedaron sin soporte ideológico ni económico. Fue en ese contexto, donde varios sectores de la izquierda Latinoamérica vieron la posibilidad de alinearse detrás de la emergente figura de Evo Morales.

Por supuesto, los publicistas de Morales no podían usar el discurso del marxismo clásico. Por eso, diseñaron una nueva estrategia alrededor de la «defensa» de los pueblos indígenas y la hoja de coca. Además, revalorizar la hoja «sagrada» de Bolivia tenía un elemento oculto: la asociación entre narcotraficantes y los grupos de izquierda.

Al respecto, Juan Reinaldo Sánchez, en su libro: La vida oculta de Fidel Castro, relata lo siguiente:

Para Fidel, el narcotráfico suponía un arma de lucha revolucionaria antes que un medio de enriquecerse. Su razonamiento era el siguiente: si los yanquis eran lo bastante estúpidos para consumir droga procedente de Colombia, no sólo no era su problema —al menos mientras no lo descubrieran—, sino que además servía a sus objetivos revolucionarios en la medida en que la droga corrompía y desestabilizaba la sociedad estadounidense.

De igual manera, Emilio Martínez, autor del libro El ciudadano X, nos aporta lo siguiente:

En los años 90, la resistencia violenta contra la erradicación de la hoja de coca en El Chapare fue promovida por varias ONGS. Entre aquellos organismos hay que tener muy en cuenta a Coca 90, dirigido por el antropólogo británico Anthony Hennan, cuyo propósito es la despenalización de las drogas, especialmente de la cocaína.

Por su parte, Pablo Stefanoni, periodista argentino muy ligado a los esposos Kirchner, se encargó de dotar de un aire romántico y revolucionario a todas las acciones terroristas causadas por los productores de coca, y convertir a un iletrado Evo Morales en el paladín de las luchas contra el malvado imperio norteamericano.

Como vemos con toda claridad, la lucha entre productores de coca y el Estado boliviano se fue artificialmente ideologizando bajo el discurso de «dominación» y «colonialismo». Aunque es evidente que no era más que una fachada para hacer lobby a favor del narcotráfico.

Este clima de activismo y tensión social fueron importantes para que Morales gane protagonismo en la vida política boliviana. Pero fue la llegada de Gonzalo Sánchez de Lozada al poder, año 1993, el trampolín que elevó la figura de Evo.

Uno de los pilares de Sánchez de Lozada era su plan de erradicación Opción cero. Obviamente Morales —que para ese entonces ya había logrado crear una especie de republiqueta en El Chapare— no estaba dispuesto a retroceder un centímetro, y organizó violentos enfrentamientos contra las fuerzas del orden. El caos continuó hasta que, en diciembre de 1994, asume la cartera de lucha contra el narcotráfico el jurista Carlos Sánchez Berazain.

Justamente, fue bajo el mando de Sánchez Berazain que la institucionalidad retornó al Chapare. Asimismo, se reestableció el dialogo con los cocaleros y se promocionó el programa de Desarrollo Alternativo.

En 1995, y con su figura en ascenso, Morales emprende un tour por Europa. Continente donde fue bien recibido por los glamorosos socialistas de las universidades y la prensa europeas. Con tanta publicidad, era evidente que las organizaciones detrás del líder cocalero estaban planificando el proyecto Evo presidente.

Pero a diferencia de otros, la carrera política de Evo Morales no se basó en propuestas para gestionar el país ni en el respeto por la democracia, sino en una guerra contra el Estado boliviano. Desde ese momento, la tranquilidad que los bolivianos habíamos conocido, especialmente desde el año 1985, fue interrumpida por grupos que se denominaron movimientos sociales (una mezcla de foquismo y terrorismo).

Las primeras pruebas de la efectividad del nuevo método revoltoso fueron La guerra del agua de abril del 2000, La guerra de la coca de enero del 2002 y febrero negro del 2003. Esos enfrentamientos entre bolivianos dejaron cientos de familias enlutadas. Pero eso no detuvo a Morales y sus socios. Puesto que, en septiembre del 2003, empezaron nuevos hechos de violencia, que cobran fuerza con el secuestro masivo de más de 1000 turistas nacionales y extranjeros en la localidad paceña de Sorata. Además, de la subsecuente emboscada armada a los turistas, a los policías y militares que los custodiaban de retorno a La Paz. Empero fue Carlos Mesa que determinó el curso de los acontecimientos, Pues, con un gran sentido de oportunidad y muestra de deslealtad, envió una carta de renuncia. Aunque nunca llegó a hacerse efectiva, fue la señal que esperaban los revoltosos para acabar con el gobierno de Sánchez de Lozada.

La gestión de Carlos Mesa fue, en realidad, un cogobierno con el MAS. Tiempo en el cual, los asesores cubanos y venezolanos se preparaban para colocar a Evo Morales en la silla presidencial. Objetivo que consiguieron en las elecciones generales del 2005.

Desde que Evo asumió el poder en enero del 2006, Bolivia perdió cualquier vestigio de institucionalidad, y se convirtió en un narcoestado. Por eso su insistencia en ampliar la frontera cocalera mediante La ley N.- 906 y —bajo el pretexto de unir los departamentos de Cochabamba y Beni— abrir una nueva carretera por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Los originarios del TIPNIS entendieron que una carretera era el inicio para sacarlos de sus tierras, matar la biodiversidad y ampliar las zonas productoras de coca. Por eso, el 15 de agosto del 2011, cerca de 2.000 indígenas de tierras bajas iniciaron una marcha desde la selva hacia la cordillera. Se oponían a que una carretera —planificada para unir el bastión cocalero de Villa Tunari (Cochabamba) con San Ignacio de Moxos (Beni)— parta en dos su territorio.

El 25 de septiembre del mismo año, al menos 500 efectivos policiales intervinieron la movilización en Chaparina, localidad ubicada a 60 kilómetros de San Borja (Beni). Los marchistas fueron reprimidos con maldad —civiles los golpearon con látigos y los subieron a la fuerza a camionetas—.

A manera de disimulo, la fiscalía abrió procesos, pero diez años después no existe un culpable. Tampoco el gobierno tomó medidas contra las autoridades que dieron las órdenes.

Fernando Vargas Mosua era presidente de la Subcentral TIPNIS cuando comenzó la marcha. En agosto de este año, en una entrevista al periódico EJUTV, manifestó lo siguiente:

Desde la marcha del 2011 lo único que he recibido del gobierno es una persecución permanente, al extremo de darme una muerte civil. No he podido trabajar en ningún lado, cuando estaba en una empresa asiática, se enteraron de quien era y me retiraron, porque no querían tener problemas con el gobierno. Lo mismo pasa para obtener un crédito. En todo este tiempo me han amenazado y también me han intentado sobornar; pero yo sigo fiel a mis principios.

También cuenta que su esposa, María Alba Guillén, ha padecido COVID19 en tres oportunidades y que el virus le ha dejado secuelas en los pulmones, corazón e hígado. Ninguna autoridad lo ayudó. Por ende, tuvo que recurrir a solidaridad de la población.

Sin embargo, el régimen masista no se detiene en su afán de ampliar la frontera cocalera en el oriente de Bolivia. Por eso empezó una serie de avasallamientos y toma de tierras en la Chiquitania.

En este contexto los indígenas de tierras bajas se han visto obligados, nuevamente, a defenderse de avasalladores interculturales —recurso semántico para ocultar el origen cocalero de los invasores—.

Los indígenas del oriente boliviano, bajo el liderazgo del veterano Marcial Fabricano, quieren evitar ser victimas de un etnocidio por parte de la mafia cocalera, como ya sucedió con los originarios del Chapare, entre ellos, la etnia Yuracarés.

La Chiquitania y El TIPNIS son pruebas fehacientes que para Evo Morales los indígenas eran, y son, una escalera de poder para consolidar su dictadura. Por eso, cualquier «opositor» que hable de reconciliación es solamente un idiota funcional o un operador del régimen.

¡Viva Bolivia libre!

//*HUGO BALDERRAMA FERRUFINO ES ECONOMISTA, MASTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y PHD. EN ECONOMÍA//

//**LOS TEXTOS REPRODUCIDOS EN ESTE ESPACIO DE OPINIÓN SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO COMPROMETEN LA LÍNEA EDITORIAL PLURAL – LIBERAL DE ESTE MEDIO DE COMUNICACIÓN//

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