Pasó los seis meses encerrada: CIDH, OEA y HRW siguen de cerca la situación de Áñez

Ribera estuvo en EEUU la pasada semana y llevó consigo la manta que tejió su madre en rojo, amarillo y verde / TWITTER

POLÍTICA | 18 Sep 2021

VISOR BOLIVIA / Redacción.- Carolina Ribera vive hace seis meses entre La Paz, Santa Cruz y Trinidad. Trae y lleva comida, medicinas y cartas de su madre, la expresidenta Jeanine Áñez, y en la última semana tuvo que viajar a Estados Unidos para denunciar a la comunidad internacional las vulneraciones a los derechos humanos de su madre, quien ya cumplió la detención preventiva que le dictó la justicia oficialista.

Áñez cumplió seis meses de encierro y su salud se deterioró a tal grado que se evidenció problemas vasculares y cardiacos, además de una crisis nerviosa que la llevó a infligir autolesiones en sus brazos. Pese a aquello, el Gobierno afirma que la expresidenta no sólo cuenta con todas las atenciones dentro de su celda en el penal de Miraflores, sino que además tiene privilegios con relación a las otras privadas de libertad.

El caso fue expuesto ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y Human Rights Watch (WRH) por Ribera, mediante una carta manuscrita de su madre, dirigida al secretario general Luis Almagro y en una entrevista con el gabinete del relator Juan miguel Vivancio, respectivamente.

“Presenté documentación a la OEA, llevé una carta que mi madre escribió al señor (Luis) Almagro, espero que se la hagan llegar. Con varias autoridades también y medios de comunicación que se mostraron muy interesados en el tema y el señor Vivanco también preocupado por la situación que estamos viviendo en Bolivia ante la violación de los derechos humanos de mi madre”, declaró Ribera a VOA Noticias.

La defensa de Jeanine Áñez solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se le otorgue medidas cautelares considerando su estado de salud y permitir que se defienda en libertad. Sin embargo, el gobierno boliviano considera que aquello “no procede”, como afirmó en entrevista con el diario oficialista La Razón, el viceministro de Justicia, César Siles.

“En el penal de Miraflores ella goza de atención médica permanente y entendemos sin prejuzgar ni adelantar criterio que la CIDH va a valorar todos estos argumentos que ha presentado el Estado boliviano y va a determinar que esta solicitud no corresponde”, dijo Siles.

Se espera que la CIDH defina una resolución, que sería de carácter vinculante al Estado boliviano, en los siguientes días.

En las últimas horas, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció que el MAS utiliza a la exmandataria como un trofeo político.

“La justicia está sometida al poder político. Esa nueva decisión que se ha tomado que a pesar de su estado de salud, a pesar de que no existen las pruebas y a pesar de que todos sabemos que es una persecución, han vuelto a ampliar su detención”, declaró Camacho.

El jueves, la expresidenta constitucional debió salir de su encierro y asumir medidas cautelares alternativas, pues la normativa establece que nadie puede estar detenido preventivamente con sumatoria de casos. Sin embargo, en agosto, previendo que el plazo se les acababa, desde el Gobierno y con la instrumentalización de la Fiscalía, se “desdobló” el caso de “sedición, terrorismo y conspiración” para incluir “incumplimiento de deberes” y con ello sumar otros seis meses de cárcel contra Áñez.

En tanto, los procesos en su contra suman cinco denuncias que pretenden ser enviadas a juicio de responsabilidades. La ampliación de concesión a Fundempresa, el haber aprobado el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) que luego fue devuelto por el actual gobierno, hasta las medidas por la cuarentena dictada cuando el Covid-19 llegó al país, son parte de la lista de juicios para encarcelar a Áñez por unos 30 años.

A eso se suma la mayor denuncia, que arrastraría a todos los demás procesos, por la denominada “masacre” de Senkata y Sacaba. Un primer proceso se envió desde la Fiscalía General al Tribunal Supremo de Justicia, ambos órganos copados por operadores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), pero es la Asamblea Legislativa que con dos tercios deberá aprobar el juicio de responsabilidades. Para ello, el masismo viene trabajando para convencer a una decena de legisladores de Comunidad Ciudadana y Creemos para que se sumen a la “búsqueda de justicia para el pueblo”; una diputada denunció que incluso corren cheques por debajo y militantes de UCS ya estarían firmando su disidencia con la actual oposición.

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