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Martes, 26 de Octubre de 2021

Escribe Luis Christian Rivas

El dantesco costo de ser formales

OPINIÓN | 6 Sep 2021

El economista y abogado Ronald Coase ha establecido en sus estudios que la informalidad se debe al alto costo que implica cumplir con la ley.

Las normas jurídicas deberían abaratar los costos de las transacciones para que dichas normas sean eficientes y optimas, los legisladores y gobernantes deben comprender que la ley es sólo un instrumento para reducir los costos de las transacciones, un medio para que los individuos persigan sus propios fines y realicen su acción humana con la menor intervención y coacción posible, sin someterse a los fines del legislador.

Por el contrario, si las leyes se convierten en órdenes, barreras, saqueo de utilidades y capital que hacen imposible abaratar los costos de las transacciones logrando que sean insoportables las cargas y la acción humana misma, porque mientras existan más requisitos, trámites, valorados, pasos administrativos, fiscalizaciones, impuestos, tasas, certificaciones, copias legalizadas, testimonios, balances, facturas, informes, manifiestos, proformas, actualizaciones, intereses, multas, infracciones, contravenciones, manifiestos, memoriales, cartas, etc., más difícil será estar en la formalidad y la única vía de supervivencia será la informalidad, nosotros sostenemos que existe informalidad por los efectos de la misma ley costosa. Esa onerosidad destruye la empresa, obliga a transitar de la formalidad a la informalidad o no permite el paso de la informalidad a la formalidad.

En Bolivia, los burócratas que no producen nada (perdón, producen leyes malas), se han dado la tarea de que no sólo sea difícil crear una empresa para los que producen, sino que sea una hazaña heroica sostenerla y terminarla, basta mencionar como la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) ha emitido un Reglamento aprobado mediante la Resolución Administrativa RA/AEMP/No. 009/2021 que impone un perverso régimen de multas y sanciones para las empresas que cometan infracciones comerciales y contables. Estas infracciones toman como base de cálculo de la sanción el 80% de la Utilidad Bruta revelada en los Estados Financieros correspondientes a la gestión inspeccionada y en caso que estos Estados Financieros expongan Pérdida Bruta o la entidad administrativa no haya podido determinar la Utilidad Bruta, se tomará como base del cálculo de la sanción, el monto del “Capital” social.

Son 39 tipos de infracción que tienen una multa no fija y tenemos otras multas fijas que van desde los 16.000 Bs.Por ejemplo, por falta de Matriculación en el Registro de Comercio o la falta de Actualización de Matrícula de Comercio que tiene una multa fija de 3.200 Bs., y así sucesivamente, es decir, uno no puede ser formal por causa de la burocracia y encima si es formal es multado por todo con sumas excesivamente confiscatorias, prácticamente los informales no pueden cumplir con la costosa ley, de paso están sometidos a multas que sobrepasan el límite de lo tolerable, pagar Bs. 16.000 por no matricularse significa siete veces un salario mínimo nacional, ¿se dan cuenta de la servidumbre a la que estamos sometidos los bolivianos?, las confederaciones de empresarios privados, las cámaras de comerciantes, asociaciones de pequeños y medianos empresarios, federaciones, asociaciones de profesionales y sindicatos de gremiales no hacen nada para defender a sus bases frente a este atropello de saqueo de capital insoportable en esta crisis económica.

El panorama se vuelve más gris con la aprobación la Ley de fortalecimiento para la lucha contra la corrupción que penaliza a las personas jurídicas dentro de un sistema judicial viciado de corrupción y falta de independencia, prácticamente el gobierno quiere acabar con el sector privado no sólo con el infierno tributario, sino también con el infierno burocrático, se trata de recaudar por recaudar, no se presentó un testimonio, multa, un balance, multa, no se declaró un estado, multa, no se registró un cambio, multa y más multa hasta que llegue la quiebra y se cierre la empresa con la dificultad que eso también eso significa.

//*LUIS CHRISTIAN RIVAS SALAZAR ES ABOGADO Y REPRESENTANTE DEL INSTITUTO LIBERTAD, CAPITALISMO Y EMPRESA ILCE//

//**LOS TEXTOS REPRODUCIDOS EN ESTE ESPACIO DE OPINIÓN SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO COMPROMETEN LA LÍNEA EDITORIAL PLURAL – LIBERAL DE ESTE MEDIO DE COMUNICACIÓN// 

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