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Martes, 17 de Julio de 2018

LECTURAS DESTACADAS

LA CADENA DE VALOR DEL LITIO EN LA PERIFERIA

Novedades y contradicciones del proyecto estatal boliviano (Primera parte)

ESPECIALES | 12 Ene 2018

El proyecto boliviano del litio estableció la necesidad de trabajar simultáneamente en todos los eslabones de la cadena de valor del carbonato de litio, desde la producción de sales de la salmuera hasta la fabricación de baterías de litio.

Este es el espíritu original del proyecto estatal iniciado el 2008 cuando el presidente Evo Morales conjuntamente con la FRUTCAS inaugura el inicio de obras la planta piloto en Llipi Llipi, en el salar de Uyuni. Las fases piloto e industrial debieran ser 100% estatales; mientras que la tercera fase de agregación de valor, abría la posibilidad de establecer un acuerdo de riesgo compartido con un actor empresarial privado o extranjero, para la fabricación de cátodos y baterías de ion litio, dentro del territorio boliviano. Más allá de las demandas de participación social y subnacional en el proyecto, no existe abierta oposición de los actores a la estrategia mencionada.

Diez años después, de acuerdo a la información oficial, el gobierno nacional está concluyendo la negociación de los términos de un acuerdo público – privado, por los cuales un consorcio extranjero —una empresa multinacional experimentada, que podría ser canadiense, china, alemana o rusa— pueda asumir el rol técnico de dirigir una nueva empresa en Uyuni. Esto ocurriría en sociedad con el Estado boliviano, asegurando que un 51% de las acciones esté bajo el control estatal. La hipótesis del autor de este artículo es que, en realidad, este es un escenario de transición hacia un nuevo proyecto. Este escenario obliga identificar algunos vacíos de información, pendientes y cuestionamientos, que podrían convertirse en cuellos de botella de no gestionarse de manera oportuna.

Primero argumentaré sobre la idea de que en realidad se está construyendo un nuevo proyecto. En el periodo 2008 – 2015, antes de las primeras inversiones de la llamada tercera fase del proyecto, quedó claro que la fase piloto contemplaba la construcción de infraestructura (planta piloto), piscinas de evaporación experimentales, el desarrollo de una propia tecnología boliviana de extracción de sales, y las metas de producción de 12.000 t / año de cloruro de potasio (KCl) y 480 t / año de carbonato de litio (Li2CO3). De acuerdo a las autoridades bolivianas, la fase piloto ya se habría concluido, y se está encarando actualmente los contratos de diseño y construcción de las plantas de producción industrial.

Existe un problema con esta aseveración, con tres cuestionamientos implícitos. El problema es que, a pesar de haberse ejecutado la inversión prevista ($us 18,9 millones para la fase piloto del proyecto), en realidad no se han cumplido con las metas. De hecho, por las características del proyecto, los mecanismos de rendición de cuentas y control social del mismo no han sido del todo claros, considerando que es un emprendimiento estatal y tiene carácter público. Específicamente, apenas se ha llegado a un nivel de producción estimado de 70 t / año de carbonato de litio (declaraciones del Viceministro de Altas Tecnologías, Ing. A. Echazú en BTV en noviembre de 2017), de las cuales se declara haber vendido la totalidad a un precio que ha llegado hasta los $us 16,500/t. En realidad, hasta diciembre de 2017 se ha reportado sólo la comercialización de 24,3 t a dos empresas chinas. Aun contemplando las 70 t para el año 2017, este nivel está muy alejado de las metas de producción piloto, que implicaban una tasa de producción de 1,3 t / día de carbonato de litio.

Pero, la baja producción del proyecto estatal no es una novedad. De hecho es uno de los temas favoritos de los “críticos del proyecto” desde el 2008; y es un hecho que hasta el momento no pudo ser refutado por el gobierno nacional. Ello implica tres cuestionamientos serios a la fase industrial: i) la producción piloto se trataría más bien de una producción experimental basada en tecnología de uso convencional, con una reducida tasa de extracción, que aproximadamente tiene un promedio de 52 kg / día, en 5 años de producción, que no justificaba aún iniciar la fase industrial; ii) sea tecnología convencional o sea 100% boliviana, no existe demostración fehaciente de que ésta pueda ser aplicada a los niveles de extracción de carbonato de litio que requiere la fase industrial, es decir que se haya trabajado en el escalamiento de la producción en el salar de Uyuni; iii) al no existir claridad sobre el logro de una propia tecnología de extracción ni sobre lo alcance de las metas de producción piloto, no se justificaba la aprobación de un crédito del BCB de más de $us 700 millones para ejecutar las plantas de la fase industrial ni el inicio de obras, en manos de un contratista chino, con un alto costo ambiental aún no contabilizado.

Posiblemente las razones por las cuales se ha decidido avanzar en la fase industrial, y en la tercera fase de industrialización, no sean reprochables por sí mismas si es que no contemplamos las ventajas de contar con infraestructura y personal entrenado para abordar la producción en toda la cadena de valor. No obstante, más bien parecen obedecer a intereses de carácter político electoral más que a una seria estrategia empresarial. El hecho que lleva a este cuestionamiento es la reciente decisión del gobierno de negociar “toda la cadena de litio” con un consorcio extranjero, evadiendo la pregunta ¿y qué pasó con los resultados y los compromisos de la fase piloto? Se supone que esta primera fase experimental, no era solamente para “tener mayor experiencia”, sino para asegurar que Bolivia tenga el control tecnológico de la extracción de sales en Uyuni, es decir asegure una patente propia de extracción de sales de litio y que se refleje no sólo en el cumplimiento de las metas de producción piloto sino pueda escalarse a nivel industrial. Nada de ello ha ocurrido; se han invertido más de $us 450 millones (en las tres fases), pero se han asegurado menos de 100 t de sales de litio en 5 años de producción piloto.

Este argumento se respalda por declaraciones de las autoridades responsables del proyecto. Se asegura que la nueva empresa mixta se hará cargo de implementar al menos 4 plantas, desde la extracción de sales, pasando por los cátodos hasta las baterías de ion litio. Se asevera que la sal que permitirá ese uso industrial es el hidróxido de litio, es decir, que se construirá una planta de extracción de hidróxido de litio como primer eslabón. ¿Cuál será la materia prima para esta planta? Se habla de que la planta utilizará la “salmuera residual” del proceso de producción de sales implementado por la inversión 100% estatal.

Por tanto, se estaría inaugurando un nuevo proyecto para el aprovechamiento de recursos evaporíticos en el salar de Uyuni. Se trata en realidad de un futuro contrato de riesgo compartido con una multinacional que dirigirá técnicamente la producción de sales de litio, de cátodos y de baterías de ion litio. Por las características de la alianza público – privada, la contraparte de Bolivia sería obviamente los recursos de litio, la infraestructura así como financiamiento de la segunda parte del crédito del BCB. La contraparte extranjera equivaldrá, según los cálculos de las autoridades bolivianas, al menos los $us 1.000 millones con la consecuente transferencia tecnológica. En tal sentido, se está inaugurando un nuevo proyecto en el salar de Uyuni, que implicará el control tecnológico extranjero, los compromisos de transferencia tecnológica y la división de utilidades, según un contrato a firmar próximamente.

Será importante tomar en consideración las condiciones bajo las cuales se abordará esta nueva etapa de trabajo con el litio en Bolivia por dos razones fundamentales. Primero, no existe transferencia tecnológica de carácter gratuito; aun considerando que Bolivia cuente con un propio patente de extracción de sales para Uyuni, ello no es suficiente para consolidar su participación accionaria en toda la cadena de valor del litio. Y en segundo lugar, la IED no establece APP sin antes asegurar que existirá un efectivo retorno de utilidades para la recuperación de la inversión así como ventajas concretas para el acceso competitivo a las reservas de litio. Baste recordar que los vecinos Chile y Argentina están también compitiendo por un mayor control del mercado de sales de litio, también a través de contratos tipo APP, regímenes concesionarios y un ambiente propicio para la IED, pero también con mayores ventajas y participación público-estatal y subnacional, a diferencia de los años 1980. La industrialización se ha instalado en la agenda pública del Triángulo del Litio, aunque con regímenes divergentes y experiencias históricas disímiles.

Para ello, debe considerarse efectivizar un mayor control social del proyecto estatal del litio, de parte de los actores nacionales, subnacionales y locales. De esta manera se puede garantizar que los acuerdos y contratos que se logren consolidar, a través de la negociación de partes, establezcan las mejores condiciones para, por un lado, asegurar que la transferencia tecnológica sea la que efectivamente requiere el país, y por otro, que la competitividad del nuevo proyecto se efectivice a través de una real participación de Bolivia en los mercados mundiales del litio. Además habrá que contemplar seriamente la agenda departamental y regional para abordar este tipo de contratos, que normalmente no son inferiores a 20 años.

No obstante, valdrá la pena preguntarse ¿hasta qué punto el proyecto del litio en Bolivia rompe efectivamente la tradición de las inversiones de litio en Sudamérica, la cual se focalizó históricamente en la fase upstream, marginando la participación de los Estados y dejando que la periferia continúe especializándose en la exportación de materias primas? Ese es un tema que se pretende abordar integral y paulatinamente a través de este espacio. En la siguiente parte expondré acerca de aquellos desafíos que se debería considerar antes de arriesgarse a un nuevo contrato de riesgo compartido —recuérdese la experiencia previa de la llegada y salida de la Lithco— para negociar el aprovechamiento sostenible de los recursos evaporíticos del salar de Uyuni.

Acrónimos:

APP: Acuerdos Público Privados

BCB: Banco Central de Bolivia

FRUTCAS: Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur

IED: Inversión Extranjera Directa


//Tomado del blog de Manuel Olivera Andrade:
https://manueloliveraandrade.wordpress.com/2018/01/05/la-cadena-de-valor-del-litio-en-la-periferia-p1/ 

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