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Jueves, 15 de Abril de 2021

Politización marcó a generales de la Policía durante el gobierno de Morales

ESPECIALES | 2 Mar 2021

Iván Rada y Carlos Quisbert.- Agradecimientos al “hermano presidente” y compromisos de apoyo al “proceso de cambio” fueron la constante en los discursos de los 16 comandantes generales del verde olivo posesionados durante los 14 años del gobierno de Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Gritar el eslogan de la revolución cubana “Patria o muerte: venceremos!” fue una de las imposiciones a los miembros de la Policía Boliviana que el general Óscar Nina autorizó en 2010, a pedido del entonces presidente.

Ese año, la arenga cubana también se impuso a uniformados de las Fuerzas Armadas (FFAA), luego que fue adoptado por movimientos sociales del MAS, como los Ponchos Rojos de Achacachi, que se presentaban en formaciones militares en diferentes actos oficiales.

Junto al grito “revolucionario”, también se ordenó el uso de la wiphala junto a la bandera republicana de Bolivia en las insignias de los uniformados. Ante las críticas que recibió de la población y de sus propios camaradas, Nina justificó la instrucción con el argumento de que si las FFAA habían incorporado la arenga, la Policía también lo debía hacer.

“Hermano presidente”

La politización y el discurso socialista, con símbolos y lemas, marcó sobre todo a los últimos jefes policiales durante el gobierno de Morales.

“Hermanos cadetes, deben saber que antes, para ser comandante de la Policía, tenían que tener aval de la Embajada de Estados Unidos, también para ser Ministro de Gobierno”, era una frase reiterada por Morales en sus intervenciones ante la Academia Nacional de Policías (Anapol). Los opositores denunciaron entonces que los comandantes designados debían jurar lealtad al MAS.

De general aymara a narco

El primer general de “apellido y extracción aymara”, según el discurso oficial, fue Óscar Hugo Nina Fernández. En 2010, Nina, hijo de un sargento, accedió al cargo cuestionado por los dudosos procesos abiertos contra sus camaradas que lo superaban en calificaciones, según los archivos, nómina y puntaje de los postulantes al generalato.

Nina fue encarcelado en marzo 2015 por legitimación de ganancias ilícitas, las cuales ostentaba en fiestas y con regalos a su entorno. Involucrado con el narcotráfico, fue dado de baja de la Policía, sin derecho a reincorporación, junto a su hijo y su edecán, mientras su hija y su esposa guardaban detención domiciliaria.

También fue ligado al sistema de protección que se dio al hijo del narco mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán, cuando el heredero del capo sufrió un accidente durante los cursos de pilotaje de avionetas que tomaba en Santa Cruz, en 2009.

“Sí, tengo reportes en los cuales el hijo del general Óscar Nina dijo que iba a dar de baja a todos los que directa o indirectamente habrían influido en la decisión de los jueces. Esto es una amenaza de asesinato, de sicariato (…) al puro estilo colombiano, acordémonos de la época de Pablo Escobar”, aseguró en marzo de 2015 el entonces ministro de Gobierno, Hugo Moldiz.

El general "tira”

La relación del Gobierno con la institución del orden llegó a su cima en 2018, cuando el Viceministerio de Descolonización inició un ciclo de talleres sobre indianismo y valores ancestrales para 1.300 cadetes de la Policía Boliviana. El objetivo era formar al “nuevo policía” sustentado en la filosofía de descolonización y despatriarcalización.

El último periodo de Morales en la presidencia de Bolivia se inició el 22 de enero de 2015 para proyectarse a 2025, bicentenario de la República. Con ese fin, posesionó en su gabinete ministerial a miembros de formación política e ideológica, como Moldiz en el Ministerio de Gobierno, quien anunció una reestructuración para frenar la corrupción, pero su gestión fue efímera.

En mayo de ese año, Moldiz tuvo que renunciar por el escándalo que generó la fuga del empresario peruano Martín Belaunde, quien cumplía arresto domiciliario en La Paz, en espera de su extradición al vecino país. Junto a él, fue destituido el comandante policial general Luis Cerruto.

Entonces, Morales restituyó en el cargo ministerial a Carlos Romero y designó como comandante general de la Policía a Edgar Téllez, quien fue cuestionado por no ser egresado de la Anapol. Era el segundo jefe policial que no cumplía esa condición establecida en los reglamentos de la Policía, el primero fue Víctor Maldonado, en 2012.

Téllez asumió el cargo con la misión -cumplida en pocos días- de recapturar al peruano Belaunde, quien un año antes había ingresado a Bolivia con el conocimiento del entonces viceministro Jorge Pérez, según audios de llamadas divulgados .

En el aniversario de la institución, ese año en Oruro, con Morales en el palco, Téllez anunció cuatro reformas para la Policía “hacia la Bolivia del 2025”, como parte de la Agenda del Bicentenario planteada por el gobierno. “Fortalecimiento y modernización institucional bajo parámetros de descolonización, transparencia, profesionalización y respeto a los derechos humanos”, anunció entonces el general “tira”, como le apodaron sus camaradas a él y al coronel Víctor Maldonado. Ninguna de esas reformas se cumplió, según el último diagnóstico interno de la Policía presentado en 2020.

A Téllez -pieza clave en la investigación de un supuesto hijo de Morales con Gabriela Zapata y los millonarios contratos con la firma china CAMC- lo reemplazó Rino Salazar, posesionado el 8 de agosto de 2016. En su discurso dijo que daría continuidad a los proyectos de vivienda y salud para los uniformados.

“Se va a priorizar el bienestar social del policía, dando continuidad a los proyectos habitacionales de vivienda social e institucional promovidos por el hermano presidente, para todo el personal destinado en los nueve departamentos”, afirmó Salazar en su posesión. A la fecha, en La Paz no existe un hospital policial.

Sólo discursos de halago

Salazar posesionó a su nuevo Estado Mayor el 16 de septiembre y destacó la inclusión de la subcomandante general Rosa Lema, de la promoción 1984 de la Anapol, la segunda mujer en llegar a ese alto puesto. El discurso de la oficial también tuvo halagos al “proceso de cambio”.

“Agradecer por la confianza depositada en mi persona para asumir este alto cargo al interior de mi institución, siendo éste el ejemplo más grande de equidad de género que se constituye en un pilar fundamental del proceso de cambio que se da en el Estado”, señaló entonces Lema.

El siguiente en ser designado como comandante policial fue Abel de la Barra, quien se presentó como el primer ciudadano afroboliviano en llegar a ese puesto. La designación de De la Barra coincidió con la proclamación del “Decenio Internacional para los Afrodecendientes 2015 – 2024”, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

No obstante, esos nombramientos fueron minimizados por otros jefes policiales, quienes señalan que los elegidos no tenían los méritos necesarios. “A él (De la Barra) lo pusieron sólo para seguir con ese discurso de igualdad de género y descolonización que repetían los del MAS”, aseguraron a Página Siete miembros de la promoción del general, quienes dicen que pese a contar con mejor puntaje fueron relegados del ascenso.

El sábado 16 de diciembre de 2017 se celebró en Cochabamba el “Día de la Revolución Democrática y Cultural”, que sirvió para proclamar a Evo Morales como candidato anticipado a las siguientes elecciones generales, pese a que estaba inhabilitado por la Constitución Política del Estado a una tercera reelección consecutiva.

De la Barra apareció en el acto vestido con una polera con los colores del MAS. “Yo soy un convencido de que, si no hubiera sido este proceso de cambio, yo no habría sido comandante de la Policía”, dijo y elogió la administración económica de Morales, pues con el jefe del MAS, sostuvo, “estamos bien” y por eso él “y la población” lo apoyaban.

Pese a su explícito respaldo a Morales, como respuesta a las duras críticas especialmente de los políticos opositores, De la Barra se justificó al día siguiente: “No estaba de servicio”, dijo y replicó que su camiseta era de un club europeo de fútbol. Negó que haya infringido la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía que considera como falta grave: “Hacer pública ostentación de su militancia política haciendo proselitismo”.

37.000 votos comprometidos

Diez días después, Faustino Mendoza fue posesionado como nuevo comandante general. Él fue aún más polémico y explícito que De la Barra sobre su inclinación política.

Durante la entrega de equipamiento a la Policía en Potosí, el 4 de noviembre de 2018, Mendoza -además de pedir que se extienda por dos años el mando de los comandantes- agradeció y elogió al mandatario, que ya era candidato presidencial para las elecciones de 2019.

El comandante, además, comprometió el voto de todos los policías en favor del MAS. “Presidente, todo el apoyo de más de 37.000 hombres de la Policía Boliviana a este proceso de cambio que es histórico, y que tenemos que apoyar con la verdad y no con la mentira”, afirmó en esa ocasión Mendoza.

Días después, el jefe policial se vio involucrado en el caso de cobros por la “venta de destinos”, en el que el principal implicado es el excomandante departamental de Oruro, Rommel Raña.

Asimismo, se emitió un Amparo Constitucional que señaló que Mendoza había apartado de manera ilegal de la convocatoria al ascenso a generales, al coronel Gustavo Garnica, quien no subió al siguiente grado por esa acción, pero ahora percibe el salario de un general en retiro. Mendoza falleció en enero de este año víctima de la Covid-19.

La Policía del cambio

En reemplazo de Mendoza, Morales posesionó a Rómulo Delgado el 24 de diciembre de 2018. “Somos la Policía del cambio, la gloriosa institución del orden se pone al servicio de la patria”, remató el general en el acto desarrollado en la recién estrenada Casa Grande del Pueblo.

Sin embargo, Delgado, escolta de Morales en su primera gestión de presidente, sería destituido y reemplazado durante el interinato presidencial de 24 horas de Víctor Borda, entonces titular de la Cámara de Diputados. Morales bromeó al retornar a Bolivia, porque su diputado le había “golpeado a su comandante”.

Yuri Calderón asumió en medio del escándalo que comprometió a la cúpula policial de Santa Cruz con el narco Pedro Montenegro. Sería el último comandante en jurar ante el jefe del MAS, pues luego vendría la convulsión social y política que derivó en la renuncia de quien gobernó Bolivia por casi 14 años.

Días antes de su renuncia, en plena crisis post electoral, Morales recibió de Calderón y del actual comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Maximiliano Dávila, un festejo con tres tortas en homenaje a su cumpleaños.

Calderón y otro general, Donato Coronel, mantuvieron el cargo durante los conflictos de 2019 y fueron relevados por la presidenta constitucional Jeanine Áñez el 14 de noviembre de ese año. Así concluyó la “era Morales” y su relación con la Policía Boliviana.

Moldiz: Una transformación en la Policía Boliviana solo será posible si ellos participan

El exministro de Gobierno, Hugo Moldiz, afirmó que la gestión del MAS no logró reformar ideológicamente a la Policía Boliviana y que al margen del uso de insignias como la wiphala o el grito de “patria o muerte, venceremos!”, los uniformados no participaron de las reformas que se pretendía realizar.

“Más allá de que coreaban la consigan ‘patria o muerte’, etcétera, no se hizo una transformación (ideológica), la que sólo será posible a través de la participación de ellos, de militares y policías, en coordinación con el poder civil (Gobierno) al que se deben, para llevar adelante un proceso de reforma de su propia institución”, sostuvo Moldiz.

Admitió que “no fue suficiente imponer una insignia”, como la wiphala, sino que este hecho debió estar acompañado de una socialización sobre que esa bandera no representaba al gobierno de Evo Morales.

Sobre la designación de los comandantes de la Policía que no cumplieron con el requisito de ser egresados de la Academia Nacional de Policías (Anapol), por decisión del expresidente y los legisladores del MAS, por ejemplo en los casos de Víctor Maldonado (2012) y Edgar Téllez (2016), Moldiz mencionó que ambos oficiales llegaron a ser parte de la cúpula policial, porque “hicieron carrera” en el marco normativo impuesto por gobiernos anteriores a Morales.

“Si bien es cierto que no estuvieron en la Anapol, formaron parte de la historia policial desde muy jóvenes e hicieron carrera; no es que no hicieron carrera, no es que el MAS los convirtió de oficiales a comandantes, no fue así. Ellos ya estaban en carrera durante el llamado periodo neoliberal, ya había una disposición interna en la Policía por la cual se reconoce a los policías que en ese momento tenían determinados estudios”, explicó.

El exministro niega que los movimientos sociales afines al gobierno del MAS hayan impuesto el nombramiento de algún comandante, pero defiende el derecho de Morales y todo político que llega a dirigir el país, de elegir a quien será el máximo jefe policial.

Moldiz sostiene que la reforma al interior de la Policía Boliviana no se puede dar ajena al control político del Gobierno y el Estado, porque si el poder de decisión de los policías o militares sobrepasara al del poder civil, “no se hablaría de democracia” y que esta estructura de mando es igual a la de otros países, donde rige un gobierno elegido por medio del sufragio de sus ciudadanos.

 

//**ESTA INVESTIGACIÓN FUE REALIZADA EN EL MARCO DEL “FONDO CONCURSABLE SPOTLIGHT IX DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN” QUE IMPULSA LA FUNDACIÓN PARA EL PERIODISMO (FPP)**//

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